La Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está en un limbo, porque se venció el plazo para el Poder Ejecutivo (PE) publicarla y el presidente de la Cámara de Diputados que debe hacerlo por esa negativa o negligencia, todavía no lo ha hecho.

Instituciones de la sociedad civil instaron al presidente de los diputados, licenciado Abel Martínez Durán, a que se abstenga de publicarla porque fue irregular la aprobación de las observaciones del PE, ya que se hizo con mayoría simple de votos y no con las dos terceras partes de los presentes como establece la Constitución.

Sin embargo, el vocero del bloque de diputados reformistas y secretario general de esa organización, Ramón Rogelio Genao, emplazó a Martínez Durán para que la publique.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otras instituciones elevaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación por parte de los diputados de las observaciones del PE.

El diputado perredeísta, doctor Carlos Gabriel García, dijo que el artículo 112 de la Constitución es claro al establecer que las aprobación y modificación de las leyes orgánicas debe hacerse con las dos terceras partes de los votos presentes en una sesión.

El secretario general del PRSC, Rogelio Genao, sostiene que la observación es una figura independiente de la aprobación y que las dos terceras partes son para rechazar las observaciones del PE.

Además alega que en ninguna sociedad ni parlamento se impone el criterio de la minoría, ya que la democracia es la expresión de la mayoría y eso deben asimilarlo los perredeístas y entidades de la sociedad civil.

Dirigentes del PLD argumentan que las críticas de instituciones de la sociedad civil a la acogida de la Ley del CNM se deben a que aspiran a que los tomen en cuenta para la conformación de la SCJ y el Tribunal Constitucional.

UN APUNTE

Respeto a las leyes

Entidades de la sociedad civil han anunciado una serie de actividades en reclamo del cumplimiento de las leyes. Sostienen que el Poder Ejecutivo debe ser el primer garante del respeto a las leyes y la institucionalidad para evitar un clima de inseguridad jurídica.