Datos estadísticos y otros que conocemos empíricamente, permiten que se reconozca que la violencia contra las mujeres, en todas las etapas de su vida y en diferentes relaciones o no, como un fenómeno sistémico, con grandes consecuencias sociales que preocupan al mundo.

Nuestro país, signatario de normas internacionales, como la Declaración para la Eliminación de todas Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, de 1979, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belen do Pará, 1995, junto a otras leyes y protocolos que tocan el tema, precedieron la Ley No. 24-97 que reformó el Código Penal dominicano en enero de 1997, para reconocer estas violencias.

Desde hace años, hay una propuesta de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, elaborada en el mayor de los consensos y depositada en el Congreso de la nación, que contempla conservar todos los derechos adquiridos por la modificación de 1997, y agregar una serie de posibilidades que la mejoran.

Durante algún tiempo, la atención sobre el fenómeno, se centró en el ámbito de la pareja y el feminicidio que, pese a todo lo avanzado en su reconocimiento, aún no es tipificado en nuestro derecho. Pero ahora, ya sabemos que los escenarios estudiados sobre los crímenes de género contra las mujeres, tienen un espectro mucho más amplio, con escenarios y formas diferentes.

Violencia institucional

Una de las violencias más dramáticas hacia las mujeres es la institucional que comprende aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden en el gobierno, que discriminen o alarguen, obstaculicen o impidan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Quienes se implican en la violencia institucional son siempre autoridades que, por acción u omisión, violentan los derechos de las víctimas y sus derechos, su dignidad e integridad personal y familiar. Ocurre mucho de parte de la Policía Nacional, Ministerio Público, jueces o juezas, autoridades de sistemas de educación, de salud pública, etc., que, en su momento, por sus respuestas, se convierten en cómplices de los agresores.

En este mes de noviembre, hay que pensar en la violencia institucional por parte de agentes de poder estatales y dentro de ellos/as, sin lugar a dudas, la responsabilidad de quienes integran el Congreso, está comprometida.