El cadáver descompuesto de Willenny Lorenzo, de 11 años, fue encontrado en un barranco a orilla de la autopista 6 de Noviembre, con lo cual la angustia que padecieron familia y vecinos por la desaparición de la menor culminó en tragedia.

Willenny vivía con su abuela en el barrio La Pina, de Madre Vieja Norte, San Cristóbal, y cursaba el sexto grado en un colegio católico, en ambiente de pobreza, pero de mucha riqueza en aprecio y ternura que le dispensaba el entorno familiar y barrial.

Como ha ocurrido y ocurre con otras miles de infantes esa menor padeció a muy temprana edad de acoso sexual, pero tuvo el infortunio de morir sin poder guarecerse en algún escudo de ley o protección de las autoridades, a los cuales sus familiares pudieran recurrir.

La trágica historia de esa humille niña no concitó debida atención ciudadana, pese a que familiares y vecinos montaron vigilia en altares de la justicia durante 16 días, desde su extravío hasta la infausta noticia de que fue encontrado su cadáver.

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A ese manto de indiferencia social se debe quizás a que los poderes públicos no reacción ante estadísticas tan escalofriantes como la de que el 25 % de los partos en maternidades publicas corresponden a niñas y adolescentes entre 11 a 17 años.

Alguien debería explicar cuándo fue que la ley retornó al menor la potestad de discernimiento para contraer matrimonio o permitir que un adulto vulnere su cuerpo, porque el Ministerio Público poco hace ante el drama de miles de niñas violadas que son obligadas por sus depredadores a fungir como concubinas, esposas o esclavas.

Un tribunal de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a un individuo que era vecino y persona de confianza de la familia de la occisa, que lo acusa la acusa de su desaparición y muerte, pero esa medida de coerción fue dictada en virtud de una acusación por violación sexual contra otra menor, lo que expone el perfil de un drama recurrente.