La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ha sugerido que los funcionarios identificados por la Cámara de Cuentas que no han declarado su patrimonio, en violación a la ley, sean llevados por ante el Ministerio Público, una propuesta que contaría con el respaldo de toda la sociedad.

Conforme a la ley la ley 31-14 sobre Declaración Jurada de bienes, corresponde a la Procuraduría General de la República certificar la violación de ese estatuto y gestionar contra el infractor la aplicación del régimen de sanciones, que incluye la inhabilitación del funcionario para ocupar cargos públicos por cinco años.

A pesar de que ese estatuto fija un plazo de 30 días luego de asumir el cargo para que los funcionarios electos o designados presenten declaración jurada de patrimonio, todavía 133 diputados, diez senadores y mas de mil 500 cargos municipales no han cumplido con esa obligación, sin ninguna justificación válida.

Esos servidores estatales se burlan impunemente de la ley, de la Cámara de Cuentas, de sus electores, del jefe del Estado, de la administración pública y de la sociedad toda, además de convertirse por su despropósito en potenciales sospechosos de incurrir en tipos penales.

Resultan inválidos los argumentos esgrimidos por los incumplidores, de que literalmente “María estaba lavando y se acabó el jabón”, por lo que procede como ha recomendado la directora de Ética e Integridad Gubernamental, notificar a la Procuraduría General, con nombres y apellidos de cada infractor.

El presidente Luis Abinader estaría compelido a separar de sus cargos a los funcionarios designados que mañana mismo no se presenten por ante la Cámara de Cuentas a colar su café claro, en tanto que el Ministerio Público debe encaminar procesos de aplicación de la ley contra legisladores, alcaldes y regidores desafectos a la ley.

Si lo que se esperaba era el hastío o irritación de la sociedad frente a la desidia, abuso o desafío de esos desaprensivos ante normativas esenciales de salvaguarda de la ética pública y garantía de pulcritud en el uso de recursos públicos, pueden estar seguros que han logrado indignarla.

La doctora Ortiz Bosch ha señalado la mejor receta para afrontar ese despropósito, que no es otra que someter todos los expedientes de incumplimiento de la ley 31-14 por ante la Procuraduría General de la República, en la esperanza de que en los casos que corresponda se inhabiliten a los violadores a acceder a cargos públicos durante un lustro. Y así se acaba el relajo.