A horas de concluir el plazo para depositar declaración jurada de bienes, solo 27 legisladores habían cumplido con ese requisito de ley, con lo que se reedita el masivo incumplimiento de un estatuto garantista de la transparencia que deben observar funcionarios públicos.

No pocos congresistas han denunciado que en la aplicación de la ley 311-14, la Cámara de Cuentas pretende inmiscuirse en la vida privada al reclamar documentación de tarjetas de crédito y sobre bienes de hermanos y otros parientes.

La directora de la oficina de declaración, Génesis Bello, ha desmentido tal aseveración al señalar que la ley data de 2014 y su reglamento de aplicación de 2016, por lo que esa regulación data de casi diez años con misma aplicación y mismos requisitos.

Lo único nuevo en esa ley es el sistema de acopio de los documentos requeridos, que no pueden ser obviados por legisladores ni otros funcionarios estatales, compelido a cumplir con esas regulaciones de manera obligatoria, a penas de sanciones administrativas que incluyen retención de sueldos y bonificaciones.

No hay razones valederas para que un legislador rehúse depositar ante la plataforma de la Cámara de Cuentas sus datos personas, información sobre su cónyuge, ascendentes, descendientes y hermanos, así como copia de sus cédulas, certificaciones financieras, laborales y de acreditación en sus funciones.

Llama la atención que de 190 diputados y 32 senadores, solo 27 legisladores han cumplido cabalmente con la ley, en tanto que otros han abierto la plataforma de recepción de documento de la Cámara de Cuentas sin aparente intención de presentar declaración jurada de bienes suyos y de los suyos.

Algunos legisladores alegan que no tienen como localizar a sus hermanos y otros parientes, cuya relación de bienes deben estar consignadas en la documentación requerida, lo que no sería problema consignar tal situación en la plataforma del órgano regulador.

La sociedad esta compelida a dar seguimiento a la sospechosa actitud de funcionarios a todos los niveles de rehuir a su obligación de informar sobre los bienes que poseen al momento de asumir responsabilidades públicas. Como la mujer del César, cada quien debe demostrar y probar transparencia y honradez.