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Caso sicariato lleva 16 aplazamientos

Caso  sicariato lleva 16 aplazamientos

Con 16 aplazamientos, la fase de audiencia preliminar que se conoce al empresario del transporte Arsenio Quevedo, al exregidor Ericson de los Santos Solís y otros tres imputados acusados de sicariato, se ha convertido en uno de los más incidentados de los últimos años.

En ocho meses que lleva ese proceso preliminar, la defensa no ha dejado a la Fiscalía presentar acusación, por la cantidad de incidentes presentados.

Esa fase del proceso, en el que se examinan la legalidad y la calidad de las pruebas para el tribunal determinar si ordena apertura a juicio , o un “no ha lugar”, ha caído en una especie de letargo.

El 17 de noviembre, la audiencia fue suspendida por un desmayo que sufrió Quevedo quien fue llevado de urgencia a la clínica Abreu, ubicada a pocos metros del Palacio de Justicia, donde presentaba dolor en el pecho, malestar estomacal y tenía la presión arterial disparada, según informó el médico legista del Ministerio Público.

El último incidente fue presentado ayer con un recurso de oposición presentado ayer por el abogado Plutarco Jáquez, representante de De los Santos Solís, con un recurso de oposición contra una decisión del tribunal que acogió la solicitud de devolución de dos vehículos reclamados por el Banco Popular y Latino Autos SRL.

Ayer la audiencia fue aplazada para el 13 de enero, porque desde el inicio de la audiencia una abogada de la defensa alegó que se sentía mal de la vista.

En la audiencia de ayer, la defensa del imputado Arsenio Quevedo solicitó a la jueza anular la acusación que pesa contra el transportista, por alegada actuación irregular del Ministerio Público al incluir a la fiscal titular, Yeni Berenice Reynoso, como testigo en el caso.

La acusación incluye, además, a Amauris Cabrera Martínez, Cristino Batista Roa (El Mayor) y Danilo Octavio Reynoso Recio (Danilo El Prieto).

El Ministerio Público explica que los directivos de Unatrafin cometieron una acción criminal, que se ha materializado en todo el territorio nacional desde finales del año 2008, que consiste en ejecutar a transportistas por diferencias o conflictos en las distintas rutas del transporte público.

Domingo Berigüete

Periodista especializado en prensa jurídica y eléctrica