A causa de sus desaciertos y extralimitación jurídica, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido afectadas por una crisis de legitimidad que convierte sus decisiones en inoperantes o irrelevantes, como ha sido una aberrante sentencia que colisiona contra la soberanía de República Dominicana.

En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se advierte el agrietamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a causa de las críticas que se vierten contra las decisiones de la Comisión y la Corte, la mayoría de las cuales se consideran sesgadas o parcializadas.

La sentencia condenatoria contra el Estado dominicano ha sido la gota que derramó el vaso, porque ese fallo constituye un monumento jurídico de intervencionismo o injerencia sobre un país y sus instituciones políticas.

Es por eso que Douglas Cassel, profesor de derecho de la Universidad de Notre Dame, advierte que “es un momento muy precario para la protección de los derechos humanos”, por la lluvia de críticas que ha recibido el órgano de la OEA encargado de procesar denuncias sobre violaciones a prerrogativas ciudadanas.

La Corte Interamericana (CIDH) ha visto disminuida su jurisdicción a solo 19 de los 35 países miembros de la OEA, con el retiro en los últimos años de Venezuela, Guatemala, Ecuador y Trinidad y Tobago, además de enfrentar abierta crítica de naciones miembros de la Alianza Bolivariana (ALBA).

El momento es propicio para que el Gobierno dominicano inicie una ofensiva internacional de rechazo a la sentencia de la CIDH porque pretende sustituir o erosionar toda la base institucional del Estado nacional, incluido su Constitución política y el principio de separación de poderes.

Ese fallo imperial y monstruoso ha sido el detonante de la crisis de credibilidad y legitimidad que hoy afecta a la Comisión y Corte Interamericana, lo que también demuestra que el Gobierno dominicano ha actuado correctamente al rechazarlo en su totalidad.

Ojalá que la Cancillería aproveche el escenario descrito para apuntalar las razones de derecho que sustenta el Gobierno para rechazar ese fallo de la CIDH, así como para acoger plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional sobre alcance de la nacionalidad y la que declara en colisión con la Constitución la adhesión de República Dominicana a esa corte. El cielo se despeja.