El 12 de agosto pasado, participando en el panel, Causas y consecuencias de los feminicidios en la República Dominicana, en la Procuraduría General de la República, sentimos la preocupación en quienes asistieron, tanto sector público como sociedad civil organizada, por la violencia basada en el género contra las dominicanas.
Tanto la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, la misma Procuraduría, y el Ministerio de Educación representados, entienden que es hora de hacer algo más y mejor. Porque nadie niega que hay esfuerzos por buenas prácticas que respondan a la legislación que estandariza estos crímenes. Las 70,000 denuncias atendidas por el Ministerio Público en 2013, tuvieron un tipo de atención y fueron registradas, es decir, contamos con un sistema responde, como expresaba el Dr. Luís Vergés.
Acordábamos, que el Estado es responsable de lograr los cambios necesarios para impedir el generocidio en el país, precisando que, los ejes de cualquier acción, deben ser coordinados sectorial e interinstitucionalmente con otros actores y actoras. Hasta hablábamos de un Estado en emergencia por violencia feminicida.
Por eso, quien debe mostrar preocupación, es nuestro Presidente, cuyo discurso, hasta el coloquial, junto a sus gestos y acciones son modelo, sobre todo, para esos niños y niñas que a través de la inversión nacional en la educación, se sienten auto considerados.
Ver ese día en la prensa la foto del Presidente con un acusado agresor, en proceso judicial muy cuestionado públicamente, con grandes sospechas de manipulación por razones de poder del victimario a su víctima, que además es funcionario público, no cuadra con una política coherente de tolerancia cero a la violencia contra la mujer.
El Poder Ejecutivo debe tener asesoría en género para el Presidente, gabinete y demás concurrentes, indicando que la imagen comunica y la simple sospecha registrada de agresiones machistas, invalidan al personaje imputado para exponerse al lado de la máxima figura de poder.
Sandra Kurdas, es una dominicana más de las 70,000 mil registradas en el sistema de justicia en año pasado. Es sobreviviente de violencia intrafamiliar en la pareja, perpetrada en el tiempo por un agresor que se dice “figura pública”, apoyado por el Estado dominicano en nombre del poder “político y empresarial” que ostenta. Su situación vulnerable esta vez, la da el postín y el dinero, pero es igual que María, Ana, Mercedes, Marina, Yudelkis, Amparo, Rosaura, y tantas otras miles dominicanas.
Si es verdad que el Presidente asume la gran responsabilidad que le toca, tiene que empezar a dar muestras reales de su dolor por las dominicanas: ningún funcionario acusado de violencia basada en el género contra la mujer y mucho menos, ninguna exposición pública con ellos, porque favorece la impunidad.
