La auténtica democracia, bajo cuya sombra todo buen ciudadano aspira cobijarse, se sustenta en el absoluto respeto y aplicación de la Constitución y leyes adjetivas, en el fortalecimiento de sus instituciones y en el principio de separación e independencia de los poderes del Estado.

Todo reclamo social político o económico, si se reputa de legítimo, debe siempre encaminarse a fortalecer ese espacio democrático, y no a debilitarlo con propuestas o proclamas que drenen su fortaleza.

Los funcionarios que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fueron escogidos, unos por el sufragio directo y otros por voto indirecto, conforme a la Carta Magna, por lo que su desempeño tiene la textura de lo legal.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), todos sus jueces fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos integrantes poseen la legitimidad de voto popular o del sufragio delegado en virtud de la ley.

Se define como una temeridad el pedido de inhabilitar a magistrados para que no puedan conocer determinados expedientes penales puestos a consideración de la SCJ, porque quienes formulan ese reclamo carecen de calidad jurídica para formularlo, y porque no es lícito prejuzgar.

La ley establece claramente las razones por las cuales cualquier servidor público, incluidos, por supuesto, jueces y fiscales, puede ser suspendido, cesanteado o, incluso, sometido a la justicia, en ninguna de las cuales figura la imputación callejera.

Las partes confrontadas en un caso penal pueden elevar recursos de recusación contra jueces que consideren confrontan conflictos de intereses o sospecha de venalidad, pero no se recurre o se cuestiona a un juez sin cumplir con los requisitos procesales, que incluyen identificar con arreglo a la ley la acusación específica que se le imputa.

Quienes con todo su derecho reclaman el fin de la corrupción e impunidad deberían evitar que su cruzada se convierta en jornada inquisidora con propia y conveniente hoguera, cuyas llamaradas pueden arrasar con el débil ensamblaje que sostiene a la democracia.