La Junta Central Electoral (JCE) emitió hoy la proclama de inicio de la campaña para las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo, definido como el más complejo proceso comicial en la historia de la República, en el que 28 partidos políticos disputarán más de cuatro mil cargos electivos.

El presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha instado a partidos y candidatos a auspiciar una competencia cívica ausente de insultos, descalificaciones y discursos desproporcionados para que los votantes puedan sufragar con toda libertad y libres de prejuicios.

Para este certamen de medio término, el número de plazas a disputar se eleva a cuatro mil 036, porque además de 178 diputados, 32 senadores, 155 alcaldes o síndicos y mil 149 regidores y sus suplentes, se agregan 229 directores de Distrito M, igual cantidad de subdirectores, así como 20 miembros del Parlamento Centroamericano y sus suplentes.

El inicio de la campana electoral ha quedado sombreado por la angustiante tardanza en la aprobación y promulgación de la Ley de Partidos, instrumento legal que ayudaría a disminuir el uso de recursos públicos, de Gobierno, Congreso y Ayuntamientos, a favor de determinadas candidaturas o partidos.

Causa tanta preocupación como sospecha que a ese proyecto ya consensuado por el liderazgo político se le aplique en el Congreso el paso de la tortuga con la evidente intención de que una vez convertido en ley no tenga ninguna significación en el proceso electoral que se inicia hoy.

Preocupa también que la JCE no disponga de eficientes mecanismos legales para prevenir o sancionar con severidad aportaciones del narcotráfico en provecho de candidaturas, por lo que el lavado de dinero proveniente de esa actividad criminal podría ser un elemento desestabilizador de la voluntad libérrima que debería garantizarse al elector.

El punto luminoso lo representa el tribunal comicial que con su tesonero trabajo ha logrado granjearse un óptimo nivel de confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos, por lo que son amplias las garantías de que las elecciones del 16 de mayo serán tan limpias, libres y concurridas como sea posible.

A pesar del prevaleciente clientelismo, del uso de recursos públicos y del temor de que el narcotráfico se involucre, la ciudadanía aspira y cree merecer que sea respetada su voluntad expresada en las urnas, que ojalá acierte al escoger lo mejor entre la atestada canasta de candidatos mansos y cimarrones.