El descrédito de muchos dirigentes sindicales y la atomización del movimiento popular y de las organizaciones de izquierda, no justifican en modo alguno el uso de la fuerza pública contra una marcha en demanda de aumento salarial en un país donde las dos terceras partes de los trabajadores ganan sueldos y salarios inferiores a los 15 mil pesos mientras secretarios de Estado, legisladores y jueces de altos tribunales tienen ingresos mensuales superiores a los 200 mil.

Parece una crónica de antaño, pero ocurrió ayer en la capital dominicana. La Policía Nacional envió a una de sus unidades antimotines, los Cascos Negros, a reprimir una marcha convocada por varias centrales sindicales en demanda de aumento de sueldos y salarios.

Hubo empujones, y cordón policial a pesar de que quienes encabezaban la marcha son entes proclives a la transacción.

El secretario de Interior y policía, Franklin Almeyda Rancier, en un oficio con su firma, expresa que no se podía conceder permiso para marchar desde el parque La Lira hasta la Torre Empresarial, porque esa zona, que comprende tramos de las avenidas Lope de Vega y Abraham Lincoln, contiene vías de alto tránsito vehicular.

¿Le parece a Almeyda que la protesta debía realizarse sin testigos? De la miseria y de la enorme desigualdad social hay testigos, pero esto sólo le crea preocupación si no son testigos mudos.

La ubicación de la Torre Empresarial permitió que un grupo de turistas finlandeses se uniera a la marcha al final de la misma, y declararan a la prensa que lo hacían porque los obreros merecen mejor salario. Almeyda, como el presidente Leonel Fernández y como muchos empresarios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, hace esfuerzos por dejar el tema fuera de discusión.

Grupos empresariales y gobiernos han estado de acuerdo en mantener salarios deprimidos para favorecer con ello la acumulación de capitales. Esto contribuyó a aumentar el patrimonio personal del dictador Rafael Leonidas Trujillo y a formar grupos de millonarios durante las gestiones de Joaquín Balaguer. Es una herencia que los sectores dominantes, por razones obvias, no abandonan.

En el sector privado, se paga de ese modo una casta de funcionarios privilegiados y en el sector público una casta de servidores que no lo son.

Las propiedades valoradas en millones, las cuentas en el exterior y los bienes suntuosos que exhiben los altos representantes del sector privado, dejan clara la situación en la cumbre.

En el sector público, un diputado (o diputada) en 1990 tenía un sueldo base de 6 mil pesos, y hoy ese sueldo supera los 120 mil pesos sin contar los 45 mil en dietas, las canastas y los gastos de mantenimiento de una oficina en su provincia. Más de 200 mil pesos percibe hoy un diputado (sin calcular lo que deje en sus visitas el no siempre invisible hombre del maletín).

En la Junta Central Electoral y en la Cámara de Cuentas el sueldo menor de los jueces integrantes se acerca a un cuarto de millón de pesos.

¿Qué derecho tienen las autoridades a exigir a los trabajadores que guarden silencio ante el hecho de que casi todos ganan menos de 15 mil pesos, cifra que no alcanza para comprar los comestibles que consume en un mes una familia de 5 miembros?

Si a esto se añaden las enormes carencias en los hospitales públicos y en las escuelas, se concluye en que la situación es alarmante y los sectores dominantes recurren a la represión para evitar que la alarma suene.

El PRD, en 1984, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, lanzó a las calles la milicia con orden de disparar a matar, y cuando parece que se diluyen los efectos de esa jornada de represión que dejó cientos de muertos, otros actos de abuso son perpetrados.

La promesa de los empresarios de tomar en cuenta las demandas, no alcanza para ocultar la ilegitimidad en el ejercicio del poder. ¿Hasta cuándo pretenden hacer convivir la gobernabilidad con la desigualdad y la injusticia?