Los transportistas eran la cara más visible y quienes llevaban la voz cantante en el monopolio del servicio que tras un incidentado y largo juicio ordenó acabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Pero lo verdaderamente desalentador es que con ellos había de manera directa o indirecta entidades públicas que han sido condenadas por violación de la Constitución y las leyes.
La sentencia del tribunal obliga a los ministerios de Defensa, Interior y Policía, Trabajo y Turismo, así como a la Policía y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) a hacer cumplir las leyes antimonopólicas. Por cada día que se deje de cumplir la decisión judicial, a las entidades se les impuso una multa (astriente) de cinco mil pesos.
Al acoger el recurso del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) el tribunal determinó que el incumplimiento de las leyes antimonopolio afectaban derechos fundamentales, entre los que citó el de empresa, tránsito y trabajo.
El Nacional
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