No conozco un solo caso en el que persona física o jurídica acepte sin enojo que le apliquen algún impuesto directo o indirecto aun sea necesario o imprescindible, por lo que el debate en torno al paquete impositivo que el Gobierno ha enviado al Congreso debería centrarse establecer si el remedio puede ser peor que la enfermedad, es decir, que si por suplir un déficit fiscal acarrearía daños mayores en los órdenes económico y político.

Aunque nadie puede impedir que la oposición procure obtener provecho electoral a tan traumática iniciativa, bien vale prevenir a la ciudadanía sobre lo nocivo que resulta una discusión sesgada sobre un tema del que depende- lo ha dicho el representante del FMI- la ejecución del Presupuesto 2011 y por consiguiente la estabilidad de los indicadores básicos de la economía.

El proyecto de Reforma Fiscal incluye gravar los activos de la banca múltiple, a las bancas de apuestas y a las propiedades inmobiliarias definidas como suntuarias, por lo que se estima que no tendrían efectos mayores sobre el índice general de precios, aunque sí sobre las actividades productivas.

En un principio, la dirección del Partido Revolucionario (PRD) negó que ese ramillete de reforma fiscal fuera sugerido por el FMI, pero el propio jefe de la misión de ese gendarme, Alejandro Santos, advirtió que la no aprobación de esos gravámenes traería consecuencias preocupantes.

Para que se tenga una idea, el presupuesto de ingresos para este año en números redondos es de 293 mil millones de pesos y el gasto aprobado asciende a 326 mil millones, dividido en 249 mil en gastos corrientes y 77 mil en gastos de capital.

El Presupuesto General del Gobierno Central asciende a 390 mil 475.7 millones, por lo que la ley señala que el déficit o faltante asciende a 33 mil 547.9 millones. Ese déficit se cubriría, según la ley, con un financiamiento de 97 mil millones, el restante de los cuales cubriría el pago del servicio de la deuda externa correspondiente a 2011, 63 mil millones.

El impacto del alza en el precio del petróleo marca la diferencia entre el déficit fiscal calculado en 33 mil millones (1.6% del PIB) y la imposibilidad de cumplir esa meta, sin el concurso del paquete fiscal. Mencionar la reducción del gasto público, es quimera, pues ya el Gobierno lo redujo en un 12% y suspendió la inversión en nuevas obras públicas.

Una reforma fiscal es trago amargo, pero peor sería un rompimiento del acuerdo Stand by con el FMI, que significaría el fin de una estabilidad económica, cuyo sostenimiento ha significado la acumulación de enormes riquezas y utilidades para el mentado sector productivo nacional.