No deseo que aumenten los combustibles ni ningún otro bien o servicio, pero tampoco quiero que los indicadores macroeconómicos se sobresalten por causa de una situación de anarquía tributaria o como consecuencia de un rompimiento del acuerdo con el FMI que conlleve el cierre de ventanillas crediticias o de asistencia de organismos multilaterales y el deterioro de la calificación riesgo país.

En octubre de 2009, el Gobierno firmó un nuevo acuerdo Stand By con el Fondo Monetario, compelido por la urgencia de acceder a préstamos ya aprobados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bajo la presión de los gremios empresariales y de la oposición política para que diera ese paso.

Se creía que el pacto obligaría al Gobierno a amarrarse de pies y manos en términos del Gasto Público, lo que ayudaría al PRD avanzar en el 2010.

Pero el FMI cambió su política de ajuste por la de un programa anti cíclico basado en la expansión del Gasto Público como forma de reactivar la economía. A los propulsores de ese acuerdo se les disparó el tiro por la culata.

El crecimiento del PIB durante el primer semestre de este año fue de 7.5%, cifra que el Banco Central proyecta igual para final de diciembre, mientras que la Comisión Económica para América Latina (Cepal), calcula un crecimiento de un 6.0%.

El PRD sostiene que el déficit fiscal alcanza los 80 mil millones de pesos, pero un simple ejercicio matemático contradice esa versión, pues de los 370 mil millones de pesos del monto presupuestal de 2010, unos 115 millones ingresarán por vía de créditos y, de esa cantidad, 48 mil millones serán destinados al pago de la deuda pública vencida. Por tanto, el déficit fiscal sería de unos 67 mil millones de pesos, equivalente al 1.7 del PIB, lo convenido con el FMI.

El problema del gasto público radica en las transferencias extraordinarias que el Gobierno debe realizar para conjurar el déficit en el sector eléctrico, que se proyectan en unos 790 millones de dólares y que su cumplimiento forma parte de los acuerdos con el FMI.

Ese acuerdo consta de seis compromisos esenciales por parte del Gobierno y el primero en la lista se refiere a diseñar una estrategia para racionalizar y limitar las exenciones fiscales, fortalecer la administración tributaria y continuar modernizando las aduanas para lograr los objetivos de ingresos a mediano plazo del programa. (31 de marzo del 2010).

La indexación a los precios de los combustibles, trasferir el cobro del Itebis a Aduanas y reducir los 180 mil millones de pesos anuales en exenciones y exoneraciones al empresariado, son compromisos con el FMI, de los cuales los gremios empresariales tenían conocimiento. Esta vez el lobo llegó por el litoral empresarial.