Al otro día del cómputo final de los sufragios del 20 de mayo, se anunció que el candidato perdedor tendría en la noche una comparecencia por televisión, por lo que se regó el rumor de que los perredeistas se lanzarían a las calles, al punto que hubo acuartelamiento de guardias y policías, suspensión de docencia y en comercios y oficinas despacharon antes de tiempo, a la espera quizás de lo peor.

Aunque no reconoció la victoria de Danilo Medina, el candidato opositor admitió su derrota al autoproclamarse líder de la oposición. Detrás de ese de ese espectáculo se escondía una escenografía mayor montada con el propósito de decapitar a la dirección institucional del partido blanco, como se intentó con la convocatoria de una Comisión Política, encabezada por el candidato perdedor, que anunció la suspensión del presidente del PRD y otros dirigentes acusados de alta traición.

Como era de esperarse, Miguel Vargas Maldonado convocó al Comité Ejecutivo, que determinó someter a controles disciplinarios al candidato perdedor y a varios de sus seguidores, por lo que ese partido ha sido colocado al borde de una nueva división, lo que no hace bien a la democracia.

En vez de procurar avenencia, el sector que impulsó la candidatura perdedora ha pretendido cerrar el conflicto a banda y acusar al gobierno de querer robarse o descuartizar al buey.

Lo peligroso de esa aventura es que ha sido sustentada en la violencia y en la irracionalidad, como lo demuestra el esfuerzo que realiza el sector del candidato perdedor por descalificar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como instancia legítima y legal para dirimir ese conflicto, bajo el argumento de que constituye un comité del PLD, o de que carece de calidad para abordarlo porque se trata de un asunto interno.

A pesar de esas objeciones, el grupo del candidato perdedor se hizo representar por medio de abogados ante ese tribunal que se declaró competente para conocer sendas instancias relacionadas con pedimentos de inhabilidad de las convocatorias de organismos del partido por las partes en conflicto.

Ocurre, empero, que el sector que pretende expulsar al presidente del PRD ha adelantado que no acepta otra decisión jurídica que no sea una que le otorgue ganancia de causa, al tiempo de insistir que el gobierno pretende secuestrar al PRD y, como para que no quede la menor duda, su gente protagonizó el viernes una balacera en los frentes del tribunal, con saldo de tres heridos de bala o perdigones.

Ante un escenario de locura colectiva, lo mejor sería que el presidente electo no se dé por enterado de lo que ocurre en el PRD.