Actores de mayor o menor relevancia dentro del debate político se creen con licencia para ejercer un tipo de irracionalidad sin límite que los faculta decir o negar todo lo que les venga en ganas, sin ningún comedimiento ni rubor, en el aparente entendido que la ciudadanía cree todo, acepta cualquier dislate y perdona todo tipo de error inducido.

La discusión en torno a una posible repostulación presidencial, de la conformación y facultades del Tribunal de Garantías Constitucionales han desatado los demonios de gente acostumbrada a pescar en mar revuelto o a creer que la población sufre Mal de Alzheimer colectivo.

En esa feria de dislates o disparates, se escucha a alguien denunciar que desde el Gobierno se oferta a jueces que serían jubilados de la Suprema Corte de Justicia nombrarlos en el Tribunal Constitucional a cambio de que aprueben una sentencia previamente redactada que legalizaría la repostulación presidencial.

El mérito probatorio de esa denuncia radica en informaciones recibidas o en que supo que en Nueva York se dijo que ya ocho jueces han sido contactados, como si la Suprema fuera un nicho de amorales o pusilánimes y no una institución integrada por magistrados probos.

Se pretende presentar al presidente Leonel Fernández como un político ambicioso capaz de cualquier cosa para perpetuarse, incluso sonsacar a magistrados o incidir para que el Tribunal Constitucional quede integrado por amanuenses.

La verdad es otra. Leonel Fernández ha sido el estadista que mayores aportes al proceso de consolidación y modernización de la democracia que se inició a partir de la crisis político- electoral de 1994. Puede decirse que los tres mandatos del presidente se han caracterizado por su enorme impulso a las instituciones jurídico políticas de la nación.

La primera oleada de reforma judicial fue promovida en su primer período de gobierno (1996-2000), con la formación de la nueva Suprema Corte de Justicia, cuyo proceso de elección de jueces fue transmitido por televisión, con la participación de todo el liderazgo político.

En el cuatrienio 2004-2008, promovió la modernización del Estado a través de las leyes que regulan su funcionamiento y se creó el marco jurídico que devolvió la credibilidad al sistema financiero nacional.

La Constitución promulgada el 26 de enero de 2010 figura entre los estatutos sustantivos de mayor vigor y alcance de toda América y se trata de una de las iniciativas fundamentales en la nueva arquitectura democrática que se erige en el país.

Por lo antes expuesto, y por muchas cosas más, bien vale calificar de temeraria, irresponsable y calumniosa la denuncia que procura involucrar al presidente Leonel Fernández en tratativas antidemocráticas.