La única vez que he visitado Bahía de las Águilas, más que por la extraordinaria belleza de ese litoral de arena blanca, mar azul y sol radiante, quedé impresionado con la débil sonrisa de un niño que almorzaba víveres salcochados sin asomo de carne ni de nada más.

Ese fue un choque con la miseria más abyecta que todavía abate al Suroeste, donde todos los indicadores de desarrollo humano están por el suelo, aunque a lo lejos puede contemplarse la impresionante obra de la naturaleza sobre el litoral sur.

Antes de la experiencia con el niño hambriento y desnutrido, sabia de Bahía de las Águilas porque, en mi condición de Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, participé en el estudio del expediente instrumentado al doctor Moisés Marchena, un médico dominicano acusado de falsificación y estafa en la adjudicación de parcelas junto a otras personas.

El infante del que hablo debe ser ahora adolescente. Quizás emigró a la capital o trabaja en alguna parcela del Suroeste, en tanto que el litoral playero y su celestial belleza permanecen intactos, como inalcanzable paraíso, y la vida para los habitantes de cuatro provincias del suroeste, es un infierno.

Hoy, esas tierras con enorme vocación turística valen mucho y nada, pues los conflictos jurídicos por su posesión en la Jurisdicción Inmobiliaria o en tribunales penales, datan de 16 años y ha dicho un juez de la Suprema Corte que tardaría 40 o 50 anos la espera por sentencias definitivas.

El gobierno de Danilo Medina ni los habitantes de Pedernales, Bahoruco, Independencia y Barahona, pueden esperan casi medio siglo para que arranque el proyecto del polo turístico de la Región Suroeste, que se supone seria uno de los de mayor crecimiento y sostenibilidad en el Caribe.

Es por eso que las autoridades han encaminado acuerdos extrajudiciales con personas físicas o jurídicas que poseen títulos registrados sobre inmuebles de Bahías de las Águilas, quienes serían recompensados con el 45% de futuras ventas, a los fines de dejar libre el camino hacia la garantía jurídica para la inversión.

El Gobierno ha dado seguridad de que no permitirá que se degrade ni una pulgada del territorio protegido del Parque Jaragua ni de Bahía de las Águilas, lo que debería asegurarse mediante una ley complementaria, que incluya garantía de que las playas no serán privatizadas y de que ese polo turístico no repetiría errores de exclusión de otros proyectos en el Este y Norte.

Por todo lo antes expuesto, la sociedad debería respaldar la iniciativa oficial de relanzar cuanto antes el proyecto de Bahía de las Águilas, en la esperanza de que cuando regrese a ese paraíso natural no encuentre en el camino ningún niño hambriento obligado a almorzar víveres secos.