A rajatabla: Y de la Reforma, ¿cuándo?

Si la economía dominicana crece en promedio anual un 5% en proporción a su producto Interno Bruto (PBI), calculado en unos 75 mil millones de dólares, serían en términos absolutos, tres mil millones 750 mil dólares, que convertido a pesos a una tasa de 49.5% alcanzarían unos 185 mil millones 625 millones de pesos, que si se distribuyeran entre diez millones de habitantes tocaríamos a 18 mil 562 pesos.
Lo que acabo de calcular estaría muy cerca de ser un solemne disparate, primero porque mi aritmética es muy mala y también porque así no se redistribuye el crecimiento anual de la economía, toda vez que la mayor parte de esa rentabilidad va a parar a las arcas de algunos centenares de personas físicas o jurídicas.
La meta de déficit (relación negativa entre ingreso y egreso) consignada en el Presupuesto General del Estado para este año es de 2.3% en proporción al producto, lo que sería en términos absolutos, un poco más de cien mil millones.
A lo que aspiro, al escribir estos disparates, es a que los lectores consoliden conciencia sobre la necesidad de que ese nivel de crecimiento económico se refleje en el presupuesto público y que a su vez se exprese en la redistribución del ingreso.
El déficit fiscal equivale a deuda, porque el Gobierno debe suplir esos más de cien mil millones de pesos faltantes con la emisión de bonos soberanos en los mercados financieros, lo que hace cada vez más pesaroso cumplir el servicio de la deuda.
Ya no se puede hablar de “reducción del gasto”, ni de conferirle “calidad al gasto público”, porque el Gobierno ha demostrado que cumple con esas obligaciones, aun con una nómina publica compuesta por cientos de miles de empleados que devengan menos de 20 mil pesos al mes.
La democracia no se sostiene solo con preces a Maria; para impulsarla y consolidarla se requiere de una presión tributaria (proporción del ingreso público en relación al PIB), de por lo menos un 18%, es decir, cuatro puntos porcentuales sobre el nivel actual de las recaudaciones.
Para acercarse al escenario ideal de justicia y equidad se requiere proveer de más recursos para impulsar las Pymes, a productores organizados de la agropecuaria, a la industria, al emprendimiento, transferencia tecnología, investigación, educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana.
El Gasto Tributario impuestos o aranceles que deja de cobrar el gobierno para promover la iniciativa privada, asciende a 240 mil millones de pesos, cifra mayor al PBI nominal, con el agravante de que nadie en el Estado ni en el sector privado fiscaliza los resultados de ese programa des exoneraciones y exenciones millonarias.
La gente se pone contenta cuando el Gobierno inaugura o anuncia otras importantes, pero nadie pregunta: “Y de la Reforma Fiscal, ¿Cuándo?