Desde que se instaló el gobierno del presidente Luis Abinader, hubo muchas suspicacias en sectores nacionalistas de que se enfrentaran con seriedad y firmeza, los tormentos y secuelas de la inmigración haitiana por el hecho de que personas inclinadas a favorecer a los haitianos indocumentados, fueron designados en puntos claves del aparato del Estado.

Sin embargo, el discurso del primer mandatario ha sido coherente con respecto al espinoso problema que representan las hordas haitianas, subrayando , reiterando y remachando que la República Dominicana, no puede echarse encima la enorme carga de Haití, pues somos un país pobre con múltiples problemas pendientes de solución.

El pacto bilateral que se firmó entre los dos presidentes que comparten la isla, es sumamente positivo, dado que aborda temas puntuales para delimitar y solucionar puntos neurálgicos, los cuales tienen grandes repercusiones para la vida de los dominicanos que sufren las acciones negativas, muchas veces delictuosas y criminales de los ilegales haitianos, enquistados en favelas en diversos lugares de la geografía nacional.

Hay varios puntos esenciales en el acuerdo entre ambas naciones. Uno de ellos es la necesidad de que Haití tenga su propio registro civil para documentar a sus ciudadanos, quienes son apátridas en su propio país y buscan por todos los medios adquirír identidad en nuestro suelo, valiéndose de artimañas y de la complicidad de algunos criollos, para poseer algún papel de identificación personal.

Y otro tema espinoso tratado en el convenio se refiere a la frontera, una zona custodiada parcialmente por los militares del Ejército Nacional, pero que Haití no ha hecho nada durante décadas para impedir el trasiego de inmigrantes de su país, el tráfico de armas de fuego y la cantidad muy elevada de drogas que pasa por los límites fronterizos, ante la indiferencia, dejadez y muchas veces protección de autoridades haitianas, situación que debe ser frenada con prontitud por las graves consecuencias que generan.

Y finalmente, el acuerdo prevé colaboración para la construcción de hospitales en Haití, donde las parturientas puedan alumbrar, sin desplazarse a nuestro terruño, ocupando la mayoría de las camas de los centros de salud en perjuicio de los dominicanos que necesitan asistencia médica y ahora con más urgencia que nunca por los efectos del virus letal que nos acogota, acorrala y causa decenas de muertes.

Y además, las embarazadas haitianas consumen gran parte del presupuesto destinado a la salud y dejan a sus criaturas en el país, aumentado así la población de ilegales que inundan el territorio nacional. Hay que estar vigilantes para lograr el cumplimiento del trato.

Por: Hugo A. Ysalguez

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