El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó reclamó ayer al Ministerio Público y al Poder Judicial aplicar la Ley 631-16 de armas, como forma de frenar la ola de violencia y delincuencia que azota la República Dominicana.

Explicó que la citada ley contempla entre 10 y 20 años de prisión para todo aquel que sea apresado con arma de guerra, como ocurrió con el funcionario del empleado de la Alcaldía de Santiago, al que se le ocupó una metralleta Uzi.

Para el legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) la aplicación de la legislación ayudaría a sacar las armas ilegales de las calles “y esto podría reducir la ola delincuencial que azota al país”.

“Creo que el cumplimiento de la ley es un factor determinante para disminuir la violencia que afecta la República Dominicana porque tenemos casos de personas que delinquen, que cuando son apresadas nos enteramos que tienen varias o que fueron sentenciados y nunca cumplieron”, sostuvo.

Añadió que hay “otros casos de personas que son condenadas por un delito, pero nunca llegan a la cárcel”.

Citó que la Ley 631-16 para el control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, también establece de 3 a 5 años de prisión para cualquier persona que sea detenida con una pistola, revólver u otro tipo de armamento.

Criticó que Amaurys Núñez García, encargado del Departamento de Medio Ambiente del cabildo de Santiago, tuviera en su poder una ametralladora Uzi de forma ilegal.
También citó el caso del exraso Franklin Padilla Núñez, quien con una arma ilegal, mató de un balazo a la señora Delci Miguelina Yapor Concepción, cuando disparó a dos atracadores en el ensanche Evaristo Morales.