La abogada de la dominicana Aida de los Santos, declarada no culpable del homicidio de la esposa de un exjuez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, solicitó este viernes a las autoridades de ese país profundizar las investigaciones para dar con el verdadero responsable del asesinato. La licenciada Lucille Borges Capó, abogada de De los Santos, en entrevista concedida a El Nacional por la vía telefónica, abogó porque las autoridades puertorriqueñas hagan una investigación a fondo del caso, para que la dominicana pueda recuperar su buen nombre.
De los Santos fue acusada de la muerte de Georgina Ortiz Ortiz, esposa del exjuez Carlos Irizarry Yunqué, crimen que se le imputa haberlo cometido en colaboración con otra persona que las autoridades puertorriqueñas nunca identificaron.
Su abogada cuestionó el poco empeño de las autoridades en la investigación, puesto que en las uñas de la víctima quedaron rastros del matador.
Borges Capó precisó que lo ideal sería que se profundice la investigación para que se determine quién fue el matador de la señora Ortiz Ortiz.
La defensora dijo que su cliente permanece en Puerto Rico y que muy pronto retornará a República Dominicana, como persona libre en disfrute de todos sus derechos.
Someter al Estado
Borges Capó no descartó que su cliente a someta al Estado de Puerto Rico, por la acusación de la cual fue dejada libre de cargos.
Dijo que eso es algo que es estudiado por la defensa de De los Santos, para determinar la factibilidad de actuar en justicia.
La dominicana De los Santos fue declarada no culpable a unanimidad por un jurado compuesto por 12 personas. Fue excarcelada de prisión, luego del veredicto de no culpabilidad, el pasado primero de este mes de agosto.
De haber sido encontrada culpable, pudo haber enfrentado una condena de 139 años de cárcel, según abogados entendidos en la materia, por cargos de asesinato y violación a la Ley de Armas local.
El caso centró la atención mediática en Puerto Rico, en especial entre la numerosa comunidad dominicana en la isla, que desde un principio receló de la implicación de la empleada de hogar, a quien sus defensores señalaron como víctima perfecta por ser extranjera e indocumentada.
La jueza Eloína Torres Cancel leyó el veredicto unánime al que llegó el jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres.
