La preocupación por el crimen del incesto en nuestro país es una constante develada en los últimos años a partir de cifras oficiales y alrededor del cual, muchas veces, se han manifestado personas entendidas a través de reportes y entrevistas en los medios.

Ya para 2021, desde el sistema de justicia se informaba que, el 40 % de las condenas emitidas por los tribunales contra violadores sexuales de menores, era por incesto.

Toda violencia sexual ejecutada por una persona adulta contra un niño, niña o adolescente con quien tuviera parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o, por lazos de afinidad, hasta el tercer grado, es considerada por nuestra ley penal como incesto y la pena máxima es de 20 años de reclusión.

El 25 de julio pasado, leíamos en la prensa que, la Fiscalía de San Cristóbal, obtuvo una condena de 20 años contra un padre que, durante 8 años abusó sexualmente de dos de sus hijas, empezando desde que la mayor de ellas tenía 11 años, y a la menor, cuando tenía 16, la embarazó.

El agresor aprovechaba que la madre de las niñas trabajaba en jornadas nocturnas para cometer las agresiones sexuales de incesto.

Ya para 2018 se alertaba que había un promedio de 54 denuncias mensuales de incestos frente al sistema de atención a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, reportando que, para 2017, se había producido un aumento de 233 denuncias de incesto más, que en el año anterior. Una alarma entonces que ha mantenido la preocupación por el aumento.

En el mes de mayo pasado, el mismo Ministerio de Educación, MINERD, decía haber registrado para el año escolar 2022-2023, el embarazo de 1,422 estudiantes, de los cuales 113 eran por violación sexual y 30, por incesto, un aviso que, unido a la preocupación general del tema, obligaría a establecer amplios programas socio culturales de prevención.

La realidad es que, dentro del gran subregistro de casos en el plano oficial, las cifras develadas, deberían movilizar acciones para evaluar las conductas sexuales machistas que producen tanto daño en un escenario de intimidad familiar protegida por las prácticas y creencias, vinculadas al tabú del sexo, con la presencia del escándalo social, que rodea de silencio al agresor impune, a los familiares -muchas veces cómplices- y a las víctimas, siempre solas.

El desmonte de mitos alrededor de la seguridad de las relaciones familiares y la vinculación con indicadores de “buena educación” o no, es necesario ya.