Cuando el presidente Leonel Fernández habla de una agenda para el desarrollo, sólo busca una nueva máscara para la continuidad del autoritarismo. Es obvio, porque, como jefe de Estado, sigue validando una de las prácticas más abominables en ese marco: la coerción de clase.

La coerción alcanza una dimensión que la ilegaliza, incluso dentro de la flexible normativa de un sistema que tolera el abuso. Es una comisión oficialista que revela al país que no hubo intercambio de disparos entre la Policía y los sospechosos del secuestro del joven Eduardo Baldera, sino que estos últimos fueron asesinados.

¿Cómo explica Leonel Fernández ante este pueblo el hecho de que mantiene en la jefatura de la Policía al mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien no vaciló en usar el nombre del gobierno y del propio Fernández para condecorar a los integrantes de la patrulla que torturó y mató a esos sospechosos? ¿En qué instancia fue preparado el infeliz argumento con que la Policía intenta justificar el haber secuestrado a la hija de Cecilio Díaz?

Y no se ciñe a la tortura y asesinato de Cecilio Díaz y William Checo el motivo por el cual Leonel Fernández debe explicar por qué se sirve de una gestión policial con esa definición. Hay que decir que, entre el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre, sólo en el diario El Nacional, hay reportes de 7 personas muertas por patrullas, 6 en alegados intercambios de disparos y un joven ejecutado en una clínica en presencia de sus familiares.

El alto número de ejecuciones extrajudiciales y el gatillo alegre en los sectores populosos sin importar quién caiga, forman la reedición, corregida y aumentada, de gestiones como la de Pedro de Jesús Candelier (1999 – 2002), y la de José Aníbal Sanz Jiminián (1997-1999).

Sanz Jiminián, primero y Candelier, después, ocuparon la jefatura de la Policía durante la casi totalidad del primer gobierno de Leonel Fernández (entre agosto 1996 y mayo 1997, fue Camilo Antonio Nazir Tejada, herencia del gobierno de Joaquín Balaguer), y realizaron gestiones sangrientas.

Sanz Jiminián es funcionario del actual Gobierno y Candelier tiene una franquicia politiquera. No hay sanción contra ellos y contra sus antecesores, porque ejecutaron una política de Estado. Leonel Fernández, como su antecesor Hipólito Mejía, quien confirmó a Candelier en la jefatura de la Policía, garantiza la continuidad de esa política.

No basta, pues, con exigir que sea desmontada la podrida Policía Nacional. Es preciso reclamar responsabilidad política. ¿En qué instancia del poder permanente fue dispuesta la aplicación de una política de coerción que se ha convertido en exterminio? Pero además, ¿con qué derecho pactan Leonel Fernández y Miguel Vargas la continuidad de la misma?