Luego de varios días de sesiones con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, el Papa Francisco ofrecerá hoy las conclusiones y lineamientos para tratar de detener los actos de pedofilia y los abusos sexuales cometidos contra las mujeres por sacerdotes y obispos. En lo adelante, ya no basta con los mea-culpa, es un crimen y los culpables deben ir a la justicia ordinaria, junto a los que tradicionalmente los encubren.

Como para dar a entender sus claras intenciones esta semana el pontífice destituyó al poderoso cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusar de niños y adolescentes. Este inmediatamente ripostó culpando a los gais como si fueran la raíz del problema; aunque los estudios repetidamente marcan que no hay conexión entre ser gai y el abuso de menores.

Algunos escépticos como Yo, no tienen grandes expectativas, por lo menos, hasta que en el país se lleven a la justicia a perpetradores y cómplices de dos de los sucesos más debatidos mediáticamente. Me refiero a los abusos del nuncio apostólico Josef Wesolowski, y los cometidos en el Hogar Infantil Católico Francisco Javier, de San Rafael del Yuma (Higuey).

Wesolowski, junto a otro sacerdote polaco, abusaron de decenas de niños, sin embargo, fueron ayudados a escapar por los mismos que conocían de sus fechorías y las denunciaron en Roma. En tanto en los medios se informó que era un traslado rutinario. Otros prelados dijeron lo mismo, pero además tuvieron la osadía de reprochar a Agripino Núñez por haber dicho la verdad sobre la partida.

Por otro lado, lo de Boca de Yuma en el 2003 parece un drama de terror, donde varias menores fueron drogadas y abusadas por clérigos religiosos; todos actualmente libres, incluyendo un tal ‘Nicanor” al que las niñas mencionan repetidamente en el expediente. Por obra de la divina providencia todos los testigos de este caso murieron calcinados junto a otros 120 reclusos en un incendio en la cárcel de Higuey.

Se espera que los nuevos lineamientos anunciados por el Papa giraran alrededor de 3 temas decisivos: 1) la responsabilidad de los obispos, 2) su obligación de rendir cuentas y 3) la transparencia, que incluye, la obligación de denunciar ante la Justicia a los culpables de los “abusos sexuales clericales”.