El Nacional

El personal de salud de los hospitales públicos y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) adoptó un plan conjunto de lucha para lograr el aumento salarial que demanda, el cual aplicará a partir del miércoles de la semana próxima.

La decisión fue adoptada luego de una reunión de los gremios de la salud para analizar la actitud de los senadores y diputados y el Gobierno con respecto a sus demandas salariales y cómo responder ante lo que han considerado un engaño, chantaje e incumplimiento de promesas.

Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), rehusó adelantar si el plan de lucha incluye la paralización de los servicios en los hospitales públicos y del IDSS, pero en rueda de prensa ayer junto a dirigentes de los demás gremios del sector no se descartó esa posibilidad.

Sin embargo, Suero dijo que los médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos y personal de servicios decidieron dar un nuevo compás de espera hasta el martes próximo, para observar que decidirán los congresistas en torno al proyecto de ley que cursa en el Senado para identificar los impuestos que sustentarán el aumento salarial que reclaman de manera conjunta.

El dirigente gremial aseguró que los médicos y enfermeras no se presentarán el martes a la sede del Congreso para evitar más ultrajes e irrespetos de parte de las autoridades policiales, ya que el martes pasado una médica fue golpeada cuando intentaban entrar al edificio del Legislativo.

Explicó que dependiendo de lo que ocurra el martes en el Congreso, el miércoles anunciarán al país las primeras actividades del plan de lucha ya aprobado por los distintos gremios que agrupan a los profesionales de la salud y personal de servicios de los hospitales del Estado.

Los médicos demandan un aumento que lleve su salario de RD$23 mil a RD$58 mil mensual y las enfermeras, bioanalistas y odontólogos, así como el personal paramédico y de servicios un alza salarial de un 40 por ciento.

Una comisión bicameral elaboró un proyecto de ley que establecería impuestos a las bancas de apuestas, a los casinos, a los ahorros y a las emisiones de cheques bancarios, así como a las ganancias de las administradoras de riesgos de salud, pero representantes de esos sectores han reaccionado con oposición a esas propuestas, consideradas conflictivas.