La aprobación por el director del Fondo Monetario Internacional de la Carta de Intención dada a conocer hoy por el Gobierno, permitirá el ingreso al país de mil 120 millones de dólares, pero implicará también el endurecimiento de medidas ya adoptadas y el establecimiento de otras demandadas por el organismo internacional para suplir los déficit del sector eléctrico y la propia administración.

Uno de los datos resaltantes del documento firmado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y los ministros de Hacienda, Daniel Toribio y Economía, Temístocles Montás, es que no hay señales de estrés en el sector bancario y los indicadores de solidez bancaria se mantienen en niveles adecuados.

Los recursos que ingresarían al país tras la aprobación de la Carta de Intención son 218.9 millones de derechos especiales de giro, que es la referencia monetaria del FMI, equivalentes a 350.34 millones de dólares.

Se suman los 500 millones de dólares provenientes de la colocación de los bonos soberanos en los mercados internacionales destinados a apoyo presupuestario.

También 270 millones de dólares, de los que 70 vienen del Banco Mundial y 200 del Banco Interamericano de Desarrollo.

Al dar a conocer la carta, el Banco Central estimó que sin lugar a dudas, el influjo de estos recursos, unido al mantenimiento de una política monetaria y fiscal consistente con las condiciones externas prevalecientes, contribuirá con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país y con la estabilidad relativa de la tasa de cambio.

En la Carta, hay el compromiso de realizar la indexación total a la inflación del impuesto específico a los combustibles, hasta alcanzar todo el nivel de inflación acumulado desde el segundo trimestre de 2007.

También el compromiso de aumentar en 0.4 por ciento del PIB la recaudación de impuestos, a través de medidas ya aprobadas en el Congreso.

La Carta destaca la adopción de varias medidas adminsitrativas en el área fiscal, como son la racionalización de las exoneraciones fiscales basadas en un análisis costo-beneficio que realice la unidad creada con este propósito en el Ministerio de Hacienda y el fortalecimiento de la fiscalización a las exensiones para importar combustibles.