Al tener que ser validado por un juez, el acuerdo con Odebrecht no es definitivo. Aunque su ratificación no se reduzca más que a un protocolo. Para despejar cualquier duda el acuerdo, que despenaliza al consorcio pero no a los sobornados, debe dilucidarse públicamente.
Es la mejor manera de despejar dudas, que las hay al por mayor y detalle. Odebrecht acordó resarcir al Estado con 184 millones de dólares, de los cuales abonará un inicial de 30 y los restantes los pagará en ocho años, a cambio de continuar con sus proyectos en República Dominicana. Las plantas a carbón que construye en Punta Catalina, Baní, ha sido uno de los más torpedeados.
Es difícil, pero el convenio, que no se le puede imponer a la nación como la mejor de las decisiones, debería ser analizado fríamente, sin pasión alguna.
Resarcir al Estado con 184 millones de dólares por los 92 que pagó para la contratación de obras suena bien. Pero es necesario que todo se aclare.
El Nacional
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