Todavía esta mañana continuaban presos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los 11 imputados en la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, a los que ayer se les conoció medidas de coerción, de los cuales a siete se le impuso prisión preventiva y cuatro garantía económica.
Están recluidos en ese en el referido recinto carcelario hasta tanto el juez José Alejandro Vargas firme la resolución que envía a la mayoría de los imputados a la cárcel modelo de Najayo-Hombre y a los otros los obtengan su libertad con una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Aunque el juez emita la resolución, los que fueron beneficiados con la libertad permanecerá recluidos hasta que no pague su garantía económica, lo que conlleva agotar un trámite de hasta dos y tres días.
Abogados de los imputados con prisión preventiva informaron que tan pronto reciban la notificación, apelarán las mismas.
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer tres meses de prisión preventiva contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, y otros seis implicados en la venta irregular.
La disposición establece que, además de Almánzar, deberán ir a la cárcel de Najayo, Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista la Inmobiliaria GOWI; Domingo Geraldo Lebrón; Manuel Aybar, ex gerente inmobiliario de Corde; los hermanos Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de Infepa; y José de Pool Domimici, principal accionista de Titulatec.
Mientras que contra Rosabel Castillo, registradora nacional de Títulos; Irving Cruz, ex consultor jurídico del Corde, y los agrimensores Ana Antonio Ozuna y Hadonis Ruíz Mella se les ordenó como medida de coerción el pago de 500 mil pesos mediante contrato, impedimento salida del país y presentación periódica.
Además, el magistrado Vargas rechazó el pedimento del Ministerio Público de declarar complejo el caso. Por último, el juez apoderó al Tercer Juzgado de Instrucción para llevar el control del proceso, cuya próxima audiencia fue fijada para el 25 de octubre.
El juez entiende que el asunto sobre si el Senado debió aprobar o no la venta de los terrenos, debería ser aclarado por el Tribunal Constitucional.
