Existe la sensación generalizada de que funcionarios del pasado y del presente son los únicos culpables de los múltiples cuestionamientos de carácter negativo que existen en contra de la administración pública dominicana.

Altos dirigentes políticos, una vez en posiciones de control y de mando (ministro, viceministro, administrador, subaministrador, director, subdirector, presidente de comisión, etc.), se consideran con la suficiente autoridad para manejar a su antojo los fondos públicos. Y resulta que esa es una percepción errada.

Lo correcto sería preocuparse porque en el ejercicio de sus funciones todas sus actuaciones ante la sociedad estén dentro de la eficiencia, eficacia, ética y transparencia. Lamentablemente muchos prefieren, de modo torpe y tozudo, creerse los mandamases con poder y libertad de violentar las leyes e ignorar los organismos de fiscalización.

¿Acaso esos funcionarios desconocen que tanto los mecanismos de control como los democráticos y de participación ciudadana y política están pendientes de sus actuaciones como salvaguardas de los fondos y bienes públicos? ¿Será que para nada les preocupan las miradas acusadoras?.

Los recursos provenientes del erario jamás pueden manejarse de manera unilateral. Todo funcionario debería de garantizar pulcritud en sus funciones públicas. Olvidarse del llamado «botín público» y siempre colocarse al lado de los defensores de una administración pública fuerte, creíble y de servicio con prontitud a la ciudadanía.

Por: Oquendo Medina

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