El ex congbresista, José Rijo Presbot, afirmó este lunes que la Cámara de Diputados con la sesión del domingo acaba de establecer una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sin establecer los recursos necesarios para su ejecución, lo cual es contrario al artículo 237, de la Carta Magna.

Consultor Presupuestario dice que los Diputados aprobaron una modificación al proyecto de ley que modifica la ley de Presupuesto General del Estado para el 2011 que es contraria a la Constitución de la República, en cuanto a lo establecido en el artículo 237, sobre la obligación de identificar la fuente que permitirá cubrir las transferencias a la CDEEE, establecidas en el mismo.

A su juicio, de acuerdo al artículo 1, del citado proyecto de ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un monto adicional de RD$13,221.00 millones para cubrir gastos corrientes.

Para cubrir ese monto, el Poder Ejecutivo identificó las fuentes reduciendo de diferentes instituciones partidas consignadas en el Presupuesto General del Estado para el 2011, donde se incluían, entre otras, RD1,049.04 millones de los fondos con destino específico para los ayuntamientos y RD$201.09 millones de la Junta Central Electoral.

La modificación aprobada excluye del detalle del artículo 2, del Proyecto, estas cantidades para cubrir las transferencias, lo cual afecta el monto de las mismas en RD$1,250.13 millones, es decir, que solo se tienen disponibles RD$11,970.87 millones, lo cual es también contrario a la parte capital del citado artículo, ya que la propuesta de modificación aprobada no la incluyó.

El Artículo 237, de la Constitución establece lo siguiente:

Artículo 237.- Obligación de identificar fuentes. No tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución.

Como mecanismos de corrección de dicha violación, se incluye un párrafo que instruye, por vía administrativa, al Ministerio de Hacienda que realice los ajustes correspondientes, cayendo en otra violación a la Constitución, en cuanto que una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley, de acuerdo al párrafo del artículo 234, de la misma, no puede hacerse vía administrativa.

Igualmente, violenta el artículo 4, del Gobierno de la Nación y separación de poderes, el cual establece que estos son independientes y sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, por lo tanto, el Poder Legislativo no puede delegar en el Poder Ejecutivo lo que le corresponde en materia legislativa.

Lo correcto, constitucional, legal y técnicamente hablando, hubiese sido que se aumentaran las disminuciones a otras instituciones en las sumas correctamente excluidas de los ayuntamientos y la Junta Central Electoral y no aprobar un proyecto de ley, evidentemente inconstitucional y contradictorio en sí mismo.

Es bueno precisar, que a ninguna institución se le redujo el 12%, apenas el promedio es de 6.7% de reducción y los gastos se aumentaron, incrementando el déficit de RD$33,547.95 millones de pesos a RD$41,074.95 millones de pesos para el 2011, elevando el endeudamiento externo con Petrocaribe en RD$7,527.00 millones de pesos para compensar, de acuerdo al Proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.

El Congreso Nacional, creador del marco legal para el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, tiene que ser el guardián de la seguridad jurídica del país; así como los ciudadanos y ciudadanas, debemos ser mandantes de su cumplimiento.

El ex legislador dice confiar que el Senado de la República corrija estas contradicciones.