El recién firmado Acuerdo Institucional para la aprobación y desarrollo de las leyes complementarias a la Constitución que posibilita el proceso legislativo y la definitiva aprobación, tanto de la Ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, como de la Ley órgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, ha provocado la conjetura de que habría un pacto detrás del pacto como ha titulado el destacado abogado Francisco Álvarez Valdez su interesante columna del pasado martes.

Si se parte de la lógica que el primer pacto entre los presidentes del PLD y del PRD para viabilizar la reforma constitucional contenía un acuerdo no escrito para hacer aprobar en el Congreso una nueva ley de partidos políticos que, lo más importante, regule las campañas electorales para evitar que el partido de gobierno use y abuse de los recursos públicos a su favor, para algunos medios y analistas cabría la posibilidad de que esta vez también existiera uno verbal con relación a la repartición de las designaciones que deberá realizar el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, en el Tribunal Constitucional, TC, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, no parece que la racionalidad del primer pacto no escrito que se hizo público cuando el partido oficialista se negó a cumplirlo guarde alguna correspondencia con el supuesto de que ambos partidos se va a repartir los magistrados de las altas cortes de la nación, más aún cuando el partido de gobierno tiene una mayoría aplastante en el CNM. Porque en el primer caso se trataba de un consenso para aprobar una ley que pretende, como debe ser, nivelar el terreno de juego en la competencia electoral, y en este se trataría de violentar la institucionalidad democrática del país, lo que iría en el sentido opuesto de lo pactado esta vez para hacer cumplir la Constitución.

Ahora bien, concuerdo con mi amigo Pancho Álvarez cuando expresa que la reacción del Ing. Hipólito Mejía a esta suposición va en la dirección correcta, en la medida en que el candidato presidencial del PRD se hace eco en su declaración pública de lo que viene exigiendo la sociedad civil y una mayoría ciudadana al respecto: que los trabajos del CNM deben ser transparentes, que debe establecerse previamente el perfil del juez que necesita el país, y que deben escogerse a profesionales de reconocida solvencia, independencia y calidad ética. Al ratificar que va a dar atento seguimiento a los trabajos del CNM y apoyar las reivindicaciones de la sociedad civil, el presidente Mejía continúa en la línea que motivó este segundo pacto: respetar la Constitución y las leyes y transparentar el ejercicio partidario en temas que son del más alto interés de la sociedad toda.

El CNM deberá hacer una convocatoria pública para la presentación de propuestas, las cuales podrán provenir de sus integrantes, de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los ciudadanos y auto postulaciones, cuestión de designar personas aptas, responsables y con verdadera vocación de servicio público.