Identificados por la víctima los agentes de la Policía que lo habrían torturado en el cuartel de La Vega, se impone continuar la investigación para aclarar el caso. Pedro Ullola señaló a un capitán, dos segundos tenientes, un sargento y otros dos agentes como los responsables de la golpiza y de propinarle choques eléctricos cuando era interrogado por un supuesto robo.
A pesar de las huellas del maltrato físico, de todas formas hay que establecer si Ullola, a quien se le detuvo e investigó por la sustracción de un dinero de otra persona de un cajero automático, ha dicho la verdad.
De la misma forma que no se pueden permitir métodos brutales de investigación, tampoco se puede tronchar la carrera de ningún agente por una falsa imputación. Pero las supuestas torturas, sustentadas por el Consejo Nacional de los Derechos Humanos y que evocan un pasado tan doloroso en la población, no pueden ni deben quedar sin aclarar, con las debidas sanciones, en caso de comprarse, para los responsables.
El Nacional
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