Imposible que una nación pueda enrumbarse por senderos del desarrollo si su población no dispone de eficientes servicios de agua, energía eléctrica, recogida de basura y sistemas de alcantarillados pluviales y sanitarios, imprescindibles para garantizar a la ciudadanía adecuados estándares de vida, salud y civilidad.
De la economía dominicana se dice que es resiliente, que crece de manera sostenida durante decenas de años, lo que la sitúa entre las diez primeras del continente, descripción que contrasta con las precariedades de servicios básicos, que no alcanzan aun estándares propios de sociedades civilizadas.
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Gobierno y Estado comparten responsabilidad por la evidente carencia de voluntad para consolidar adecuados marcos de sostenibilidad institucional y promoción de inversiones en esas áreas, pero también, una alta cuota de culpa recae sobre gran parte de la población que rehúsa participar del lado de la solución.
Como ejemplo se cita el dato ofrecido por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien reveló que solo dos de cada 10 residentes en la capital pagan por el servicio de recogida de desechos sólidos, lo que resulta en un déficit de mil millones de pesos para la ciudad.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ha dicho que grandes segmentos de la población no pagan por el servicio de energía eléctrica, y peor aún, que al menos una de las distribuidoras de electricidad no remite factura a comunidades enteras conectadas a las redes públicas.
Agencias de acueductos y alcantarillados cuentan la misma historia sobre negativa a pagar por el consumo de agua potable, un bien preciado y escaso que además se desperdicia impunemente, a lo que se agrega que apenas un 5 % de viviendas y negocios están conectados al sistema sanitario, porque la gran mayoría deposita los detritos en el subsuelo, donde también recolectan agua.
Ante ese desolador escenario, distribuidoras de electricidad, corporaciones de acueductos y alcaldías aplican aumentos abusivos en las tarifas que cobran a familias y negocios asentados como fieles tributarios de impuestos, que subsidian el déficit causado por la ineptitud de no cobrar a todos por igual.
Es injusto que para mantener a flote los servicios de agua, luz y energía eléctrica, las autoridades penalicen a la clase media, conglomerado social al que obligan a pagar por sí y por los que no pagan, en una acometida irresponsable que refleja incompetencia, insensibilidad e indiferencia.
