JUAN JOSÉ AYUSO
Se sabe con cifras y cálculos que las Fuerzas Armadas se han convertido en los últimos cuarenta y siete años en un parásito del presupuesto.
El de la reducción y eventual eliminación de los cuerpos militares, como la depuración y profesionalización de la Policía, fueron temas urgentes de opinión hasta el 25 de setiembre de 1963.
En esa fecha, la oligarquía que se hizo antrujillista en los finales de la tiranía, los jefes militares, la iglesia católica y la misión diplomática y militar de Estados Unidos ejecutaron el golpe de Estado contra el primer gobierno democrático que se daba el país en sus últimos treinta y ocho años de historia, el del profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario.
Y se impuso al país, con la dirección de los norteamericanos y la jefatura vicaria de Joaquín Balaguer, un régimen neotrujillista que cortó el camino de la democracia que quería y lo retrotrajo a la mentalidad y métodos de la tiranía.
Balaguer apuntaló su gobierno en cacicazgos militares, en un quid pro quo de apoyo a cambio de una patente de corso para lo corrupción, y para dar visos legalistas al poder que retenía, subvirtió y pervirtió el sistema y proceso electorales. Ganaba las elecciones mediante fraudes y tenía a manos a sus generales, a las FFAA y a la Policía para perseguir, encarcelar, asesinar y deportar a sus adversarios.
No es un secreto que los pininos de participación militar y policial en el narcotráfico tuvieron efecto en los veintidós años de gobierno directo del déspota ilustrado, actividad que con mayor o menor desenfado bajó como práctica de los oficiales, clases y rasos de los dos organismos.
El caso de Paya, acerca del que todavía faltan
una explicación y una implicación completas, como el reciente asalto a Parmalat comandado por un mayor de la Fuerza Aérea, son de las últimas y más graves muestras de la descomposición de las FFAA y la Policía.
En las colecciones de los diarios, de los últimos quince años hay las pruebas del porcentaje de militares y policías involucrados en asuntos delincuenciales, criminales y de narcotráfico.
La situación toca fondo.
Aparte de que en salarios y pensiones, mantenimiento y compra de equipo, alimentación y vestido los organismos militares y el cuerpo policial se malgasta una parte importante del presupuesto, las funciones de unos y del otro han sido subvertidas y pervertidas por principios envilecedores que datan de la tiranía (la guardia lee comoquiera), la práctica de estos últimos cuarenta y seis años profundiza ese envilecimiento y, de organismos parasitarios del presupuesto, los convierte también en una amenaza contra la que no podría sobrevivir la democracia.
Las Fuerzas Armadas no tienen razón alguna de ser y la Policía ha trastrocado su naturaleza de vigilancia del orden y combate de la delincuencia para convertirse en agente de la delincuencia y el crimen y en amenaza contra el orden público y social.
Cualquiera no coge un número de esta rifa, como sentencia el barrio.

