La ley que obliga a los funcionarios civiles y militares del Estado a la declaración jurada de sus bienes muebles e inmuebles no los limita a una simple descripción.

Esos funcionarios deben explicar la procedencia de esos bienes y, más importante aún, la Oficina de Prevención de la Corrupción está en la obligación de investigarla con minuciosidad.

Esos ministros con Cartera y sin ella, otros funcionarios de la jerarquía y el ministro y jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas como los que lo han sido desde la vigencia de la ley-, están obligados a explicar cómo se hicieron millonarios.

Lo mismo que el Jefe y los altos oficiales de la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

A los políticos del Partido de la Liberación que ocupan los ministerios y otras altas posiciones se les conocía su realidad financiera hasta 1996, cuando acercaron sus sedientos labios a los pezones de la ubre de la vaca nacional.

Muchos de ellos, vendedores de Vanguardia en las esquinas y habitantes, solos o con sus familias, en anexos alquilados de casas de urbanizaciones, andan hoy en automóviles de lujo y viven en mansiones de la ciudad, aparte de las residencias veraniegas que poseen en zonas exclusivas de playas y montañas.

Los militares que ocupan el ministerio, las jefaturas de Estado Mayor y otros altos puestos en esa administración, han podido manejarse mejor antes de ser promovidos pero tampoco para justificar como bienes los millones de Chanflán de que dan muestras y que anotan en sus declaraciones juradas.

Ahí, como dice el pueblo, hay gato entre macuto y todo el mundo aquí sabe a quién o quiénes se llama gato y gatos en este país de nuestros amores y de nuestros dolores, como decía Juan Bosch.

Ejecutivos y otros altos y medianos empleados del sector privado pueden demostrar con toda claridad cómo han adquirido los apartamentos que viven hoy, comprados en mayoría por venta condicional con asociaciones de ahorros y préstamos.

También pueden mostrar los papeles bancarios con los préstamos utilizados para la compra de vehículos, en algunos casos de lujo, que han pagado en préstamos de veinticuatro o treinta y seis o cuarenta y ocho plazos mensuales.

Lo que pudiera ocurrir con dos o tres sólo dos o tres- generales, coroneles, mayores y capitanes de las FFAA y la Policía.

Al resto de los oficiales superiores militares y policiales, en caso de que la Oficina de Prevención quisiera hacer su trabajo e investigar, les va a dar muchísimo trabajo explicar cómo consiguieron los bienes muebles e inmuebles que declaran.

Porque la verdad es que sus ingresos nominales mensuales les permitirían apenas una vida de carencias y privaciones.