En su función de administrador de la cámara legislativa que preside, la semana pasada manifestó Ud. a través de la prensa que «buscará conciliación con la Iglesia Católica y demás sectores que sean necesarios, para aprobar el Código Penal», y «que en virtud de que vivimos en un estado, haremos un esfuerzo por conciliar con los criterios de la Iglesia y la necesidad de la ciudadanía, ese es el fundamento de la actividad legislativa es acercar, aproximar conciliar, consensuar para producir la legislación requerida, conseguir las leyes que necesitamos».

Y la respuesta no tardó en dársela el Obispo Auxiliar de Santo Domingo, quien dijo que «el respeto a la vida no se puede condicionar», refiriéndose a la intrauterina, claro, y que «la vida no se negocia, ni con diputados, ni con grupos abortistas, ni con nadie”, es decir, que hay tranque entre Ud. y la gerencia Católica, a menos que Ud. y la Cámara de Diputados y Diputadas no esté en disposición de favorecerla manteniendo criminalizado el aborto de manera absoluta.

Quizás Ud., con su declaración, minimizó la obstinación, manipulación, autoritarismo, abuso espiritual, de autoridad y sectarismo, que una parte de la Iglesia Católica -la gerencial- aplica con prepotencia a autoridades y aún frente a la propia feligresía que, en un número muy considerable, no piensa como ella.

El 28 de junio de 2017, Ud. declaró a la prensa que «la bancada peledeísta debe estar conteste ante la posición del presidente Danilo Medina, que busca la despenalización del aborto, señalando que las observaciones deben hacerse sobre tres causales en casos de violación, incesto o malformaciones congénitas incompatibles».

En ese momento, las dominicanas, mitad de este país, pero sobre todo, las más pobres que son las que sufren la imposición de criminalidad absoluta del Código Penal dominicano, anotaron su nombre junto al del presidente de la Nación y al de los legisladores y legisladoras que no negocian con el cuerpo de las mujeres, se lo aseguro. Y muchas soñamos con un descenso de la mortalidad materna.

Y con un Estado responsable por toda la ciudadanía, que no se alía al poder de facto de ninguna iglesia, porque los asuntos religiosos y los derechos fundamentales de las personas, son dos cosas muy diferentes.

No se puede seguir obligando a mujeres embarazadas a que mueran en circunstancias graves, cuando despenalizándolo no sería obligatorio, ya que las católicas o cristianas, responderán de acuerdo a sus creencias o no, en uso de su libre albedrío.

Es que, nuestro Estado no puede ser confesional y nuestra manera de gobernar, una Teocracia!