El asesinato de la empleada de una joyería en la calle El Conde a manos un atracador, y la muerte a balazos de un residente en un sector céntrico de la capital, por un vecino, con quien discutió por un estacionamiento, consolidan el temor de que la sociedad dominicana padece de una extendida crisis moral, de delincuencia y criminalidad.

Annerys Peña Pérez, de 36 años y madre de tres hijos, fue ultimada de una cuchillada en el cuello por un delincuente que previamente la amordazó y obligó a entregarle dinero y joyas, en tanto que Johnny Pérez fue asesinado de varios disparos por Somari Labrada, en un residencial del ensanche Lugo.

A la delincuencia y criminalidad que aflige a barrios populares y sectores residenciales se le agrega un alto nivel de intolerancia y de violencia, que se reflejó en la tragedia reciente acaecida en el barrio La Toronja, de Santo Domingo Este, donde padre e hijo asesinaron a tres personas en pleito por un estacionamiento.

En apenas una semana, siete mujeres fueron asesinadas por hombres despechados y otra perdió la vida durante un tiroteo, dramática muestra de que la colectividad nacional sufre una grave laceración provocada por auge de violencia, criminalidad y cruenta desintegración familiar.

Sucesivos escándalos de corrupción o prevaricación enrarecen aún más un presente matizado por la pérdida de valores, déficit en la aplicación de la ley o de extendida impunidad o de irritantes privilegios procesales.

El ordenamiento jurídico nacional está diseñado para aplicar adecuado régimen de consecuencia contra encartados en cualquier ilícito penal, pero por alguna razón, que la sociedad no llega a entender, la mayoría de los delincuentes, comunes o de cuello blanco no llegan siquiera a ocupar un lugar en el banquillo de los acusados.

Los poderes públicos y la propia sociedad están compelidos a asearse con el mas efectivo detergente moral, antes de que el cáncer de la delincuencia, criminalidad, impunidad y desintegración familiar extienda su metástasis por toda la anatomía de la República.

Los asesinatos de una empleada a manos de un delincuente, de un dirigente comunitario por la discusión de un estacionamiento, de siete mujeres en siete días, además de tantos escándalos de sobornos y prevaricación, son razones suficiente para advertir que algo anda mal, muy mal.