El progresivo deterioro de las autoridades no es consecuencia de ninguno de los reportajes de Alicia Ortega ni de Nuria Piera. Es resultado de las torpezas de sus funcionarios, de sus degradantes ambiciones personales y, por supuesto, de los recursos ejercidos para imponer a todo trance la reelección del presidente Fernández.

Subsidios populistas y nóminas ocultas que violentaron el desvío de fondos públicos, el apoyo de políticos opositores inducido con prebendas financiadas a través de obras sobrevaluadas, y una opresiva propaganda de campaña, provocaron un déficit fiscal que ha pretendido cubrirse con más de mil cien millones de dólares en préstamos aprobados en lo que va de año. Esas son las verdaderas causas de este parto de malestares que ahora se expresa en disturbios, protestas y huelgas.

De haber sido expresión de la genuina simpatía popular, el gobierno no hubiese envejecido tan prematuramente. Las investigaciones de Nuria y Alicia han puesto en evidencia irregularidades cometidas: registro tardío de contratos en la Contraloría, adendas que exceden del 25% del monto contratado, libramientos de pagos autorizados sin soporte legal.

De nepotismo ni hablar. Además de inmoral, es ilegal. La Ley 120, que instituye el Código de Ética del Servidor Público, establece en el inciso p) de su artículo 8 que a todos los funcionarios públicos les está prohibido Promover y propiciar el nepotismo en las oficinas del Estado, favoreciendo y protegiendo a sus parientes y amigos en los cargos y negocios de la institución. Más aún, la Ley 41-08, de Función Pública, prohíbe a los servidores públicos prestar servicios en la misma institución que quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. De modo que aunque resientan el honor de funcionarios devaluados en todos los órdenes, Nuria y Alicia le prestan a este país un valiosísimo servicio.