Hace algunos meses, las autoridades haitianas admitieron que su registro civil era inservible, por lo que no estaban en capacidad de dotar de documentos de identificación a la gran mayoría de sus habitantes, información que inmediatamente provocó la reacción de la Junta Central Electoral, que ofreció su cooperación para reorganizar el sistema.
La semana pasada, Chile apresó y deportó a unos 250 haitianos que intentaron ingresar a ese país con documentos falsos, pues sólo así ellos pueden lograr alguna identidad, pues su propio país no está en capacidad de expedirle un acta de nacimiento ni un pasaporte, y entonces procede preguntar, dónde están los apátridas? Y como apuntara un matutino local, ellos están en Haití, pues hay alrededor de 8 millones de sus habitantes que no poseen un documento que pruebe su nacionalidad.
La empresaria norteamericana RobinBerstein, nominada como embajadora en la República Dominicana, expresó que de ser confirmada, concentrará sus esfuerzos para que se respeten los derechos de aquellos descendientes de haitianos que fueron afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, que no reconoce la nacionalidad de los extranjeros en tránsito.
Una ilegalidad no puede generar una legalidad, y ahora se pretende que más de dos millones de haitianos sean beneficiados con un regalo de la nacionalidad. Los habitantes del vecino país no califican si quiera para obtener una residencia, dado que no tienen ningún documento de identidad.
Y la flamante candidata a embajadora pretende que una sentencia del TC, que es irrevocable e irreversible, sea sepultada para complacer los caprichos de una potencia extranjera, ignorando que este país es soberano y nadie tiene derecho de trazar su política migratoria, y mucho menos determinar quiénes somos dominicanos.
En Estados Unidos, donde actualmente existe una tenaz política de xenofilia, adquirir la residencia requiere múltiples requisitos, y para obtener la ciudadanía, es obligatorio permanecer en su territorio durante cinco años con un trabajo estable y pagando los impuestos de rigor.
Los norteamericanos tienen sus propias reglas, y su intervención en los asuntos internos de un país, una violación del derecho internacional.

