El juez interino del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 6 de septiembre la audiencia de medidas de coerción personales y reales en contra de los principales ejecutivos de la Corporación Delta Intur y las empresas vinculadas, acusados de estafar a 175 familias con más de 800 millones de pesos depositados a través de bonos corporativos y otros documentos comerciales.

El magistrado Rigoberto Sena Ferreras, juez de paz de San Cristóbal, en funciones de juez interino del Sexto Juzgado de la Instrucción dispuso el aplazamiento para que regularicen las citaciones de los acusados.

La medida de coerción personal, consiste en la imposición de presentación periódica, impedimento de salida, garantía económica y hasta prisión preventiva, ésta procede del Ministerio Público y la cual es solicitada por las víctimas que buscan inmovilizar bienes muebles e inmuebles con la inscripción de oposiciones a venta o transferencia.

Los acusados son Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Molina, Francisco Cerén y Julio José Vega López como autores principales y personas civilmente responsables de los cargos de violación de la Ley Monetaria y Financiera, de mercado de valores, sobre mercado y sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada y el código penal.

El expediente incluye, además, las entidades Corporación Delta Intur, Grupo Inmobiliario Delta, Promociones Keops, Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, Safina Dominicana, Capital Palmanova, Trivento Investment, Belarusius Investment, Capital Portogallo, Capital Oceanfront, Capital Terradance Corp., Cerpicot, Montebello Investment, Puebla Investment, Dalby Enterprises, Coldwell Banker Domininicana, Maderarte Industrial, RD Asesoría Inmobiliaria Co., Promotora Puerto Plata, entre otras.