Venezuela no admite la más ligera crítica contra un proceso electoral plagado de nubarrones. Además de restringir la presencia de observadores internacionales, crímenes como el de un dirigente opositor, a quien el propio Gobierno ha calificado como un delincuente, han incrementado los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Bastó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reclamara poner fin a la escalada de violencia para que el propio presidente Nicolás Maduro rechazara la petición, calificándola de arbitraria y maliciosa.

Con la salida del poder de un aliado como Cristina Fernández, en Argentina, y las diferencias con Brasil, la posición del Gobierno venezolano se ha tornado más delicada.

Maduro no ha bajado el tono e incluso ha justificado la intervención de negocios, en pleno proceso, para repartir alimentos gratis a la población más necesitada. Su advertencia de que se contempla desconocer los resultados del domingo es de por sí inquietante.