Por DEBORA REY

BUENOS AIRES (AP) _ El Ministro de Economía Axel Kicillof instó el miércoles al Congreso a respaldar el proyecto oficial que impulsa un cambio de jurisdicción de pago de los títulos de deuda en lugar de Nueva York porque afirmó que así se puede desbaratar un «plan político» con el que inversores estadounidenses pretenden hundir a Argentina.

La iniciativa tiene por objetivo reemplazar al Bank of New York-Mellon (BONY) como agente fiduciario para el pago de los vencimientos a los bonistas que en 2005 y 2010 entraron a los canjes de la deuda declarada en cesación de pagos hace más de una década.

Esa entidad bancaria no pudo hacer efectivo el pago de vencimientos por unos 540 millones de dólares que el gobierno argentino hizo el 26 de junio a tenedores de bonos por una orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien decidió que el cobro de ese dinero no se podía concretar si antes Argentina no pagaba al contado y de inmediato 1.600 millones a los bonistas que en Estados Unidos litigaron contra el país y ganaron un juicio histórico.

El juez dijo en una audiencia la semana pasada que el proyecto de cambio de jurisdicción de pago impulsado por el gobierno argentino «es ilegal» e instó a las partes a seguir negociando, aunque mantiene latente la amenaza de declarar en desacato al país sudamericano.

Kicillof dijo a los senadores que la iniciativa se debe a hay «un vencimiento en septiembre, pero en septiembre no podemos depositar en el banco de Nueva York» unos 200 millones de dólares a los tenedores de títulos reestructurados ante el problema del BONY.

Por la orden judicial, Argentina fue declarada en default parcial o técnico por calificadoras de riesgo internacionales al cumplirse el 30 de julio el plazo para cumplir con sus compromisos.

El proyecto oficial ofrece a los bonistas reestructurados, quienes aceptaron nuevos títulos por menor valor que aquellos previos al default de 2001, como agente fiduciario de pago al Banco Nación de la República Argentina. Esta es una opción voluntaria e incluso la iniciativa le da la posibilidad a los tenedores de elegir otra jurisdicción de pago.

«Soberanamente no nos pueden impedir pagar. Queremos pagar y lo vamos a hacer, no lo podemos hacer en el banco de Nueva York, lo vamos a hacer acá», insistió Kicillof.

El ministro dijo que la sentencia de Griesa «es una extorsión imposible de aceptar» y que fue escrita «por los fondos buitre», como el gobierno llama a los tenedores litigantes.

Para Kicillof «este es un asunto político y hay un plan de los buitres para la Argentina» que consiste en forzar «la devaluación, pegarle al país, no dejarle pagar en otro lado y no dejarle acceder al sistema financiero internacional».

«Si ante esta coyuntura el Parlamento se abstiene y no hace nada, se convierte en una escribanía del juzgado» de Griesa, advirtió Kicillof.

Partidos opositores adelantaron que no apoyarán la iniciativa, aunque en principio ello no impediría su aprobación ya que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso.

«Es injusto que la oposición en el Congreso esté avalando un estrepitoso fracaso y una dolorosa frustración para el pueblo argentino…Después de haber pagado más de 175.000 millones y tantos de dólares (en compromisos de deuda desde 2003) estamos en esta bochornosa situación que nos empuja al abismo», sostuvo el senador Fernando Solanas , del frente opositor Unen.

Por su parte, el senador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) apuntó que el gobierno «ha fracasado en la gestión judicial y en la diplomacia». Recordó que la mayoría de la oposición en el Congreso «acompañó todo el proceso de reestructuración» de deuda en 2005 y 2010, pero por la impericia del gobierno «el fallo de Griesa no da posibilidades de un plan B».