POR ARISTIDES REYES
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Los asambleístas insisten en actuar como chivos sin ley y hacer lo que parece beneficiar sus intereses.

Esa condición de los asambleístas se demostró ayer nuevamente con el aumento de 178 a 190 el número de diputados, desafiando el acuerdo suscrito por el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ratificado por las direcciones del PLD y del PRD.

Fernández y Maldonado acordaron congelar en 178 el número de diputados y de esa cifra, elegir 20 legisladores nacionales y siete en representación de la comunidad dominicana en el exterior.

Los nuevos 12 diputados serán, cinco nacionales elegidos por acumulación de votos, preferiblemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y que hayan alcanzado no menos del uno por ciento de los votos emitidos.

Los siete restantes serán de comunidades dominicanas en el exterior y la ley determinará su forma de elección y distribución.

El titular de la Cámara Baja, licenciado Julio César Valentín, propugnaba para que, en vez de congelarse se redujera a 150 el número de diputados.

El asambleísta reformista por La Romana, doctor Frank Martínez, criticó la decisión de sus colegas y sostuvo que esa acción afectará la imagen del Congreso.

No se debe aumentar el número de diputados para hacernos los graciosos con determinados segmentos sociales. Con 178 la matrícula de diputados llegó a su tope, declaró.

Martínez se preguntó cómo va a asistir a las sesiones de la Cámara, un diputado electo en España, cuando el pasaje desde esa nación acá equivale al salario de un mes de un legislador.

Mientras que el asambleísta Rafael Vásquez Paulino (Fiquito) calificó como un triunfo que los dominicanos en el exterior tengan representantes en el Congreso.

Fiquito, del PRD, argumentó que los dominicanos en el exterior son un soporte fundamental para la economía con sus remesas y porque están atentos a los problemas que ocurren en el país..

Juicio político

La Asamblea Revisora aprobó ayer reducir el número de votos requeridos para enjuiciar y destituir a un funcionario por faltas graves en el desempeño de sus funciones.

Las tres cuartas partes de la matrícula de los diputados para acusar a un funcionario ante el Senado, fue reducida a dos tercios, e igual porcentaje para el Senado poder destituir al acusado del cargo que ostenta.

Los asambleístas aumentaron el poder del Congreso al otorgar a la Cámara de Diputados la potestad de presentar las ternas de los miembros de la Cámara de Cuentas al Senado para su ratificación o rechazo. Esa cualidad correspondía al Poder Ejecutivo.

La Asamblea Revisora ratificó la potestad del Senado de elegir los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

Había un movimiento de organizaciones de la sociedad civil para quitar esa facultad a los senadores.

Se ratificó también que el Senado deberá aprobar o rechazar los nombramientos de embajadores, y jefes de misiones y permanentes acreditados en el exterior.

Se acogió, asimismo, una moción del asambleísta reformista, licenciado Luis José González Sánchez. para que los legisladores no tengan que rendir cuentas a sus electores de los ridículos fondos que les otorgan a sus Fundaciones.

Indiferencia legislativa

Se creyó que el acuerdo entre el presidente Fernández y el ingeniero Vargas Maldonado agilizaría el conocimiento del proyecto de reforma constitucional. Las rebatiñas internas entre los bloques peledeísta y perredeísta ha impedido que se cristalice esa aspiración.