La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que la cuantía de las multas por violaciones a cualquiera de sus disposiciones estarán en correspondencia con el salario mínimo vigente del sector público, por lo que si se aumenta ese sueldo se incrementa la sanción pecuniaria.

Al aprobar ese estatuto, el legislador no pudo ignorar que el salario mínimo siempre marcará al alza y no a la baja, por lo que se presume que su intención fue siempre la de endurecer la penalidad a los infractores y no la de aligerarla.

Conductores y choferes se asombran al conocer la noticia de que una multa por violar la luz roja, que antes sumaba RD$5,117.00, llegará ahora a los diez mil pesos, en razón de que el salario mínimo se incrementó en un 100%.

Queda claro que la sanción pecuniaria mínima por cualquier violación a la Ley de Tránsito será del equivalente a un salario mínimo, o sea diez mil pesos, pero algunas infracciones pueden ser castigadas hasta con diez sueldos o sea, cien mil pesos.

Se entiende la sorpresa o temor que suscita tan notable incremento en el valor de las multas por infracciones a la Ley 63-17, pero llama la atención que potenciales o consuetudinarios violadores de ese estatuto no expresen estupor por el alarmante número de muertos y heridos que causan los accidentes de tránsito.

Más de mil 500 personas han muerto en accidentes viales, la mayoría a causa de infracciones a la Ley de Tránsito, como violación a la señal roja, exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Acaso eso no es más grave que aumentar las multas en un 100%?.
Si algún infractor siente que pagar diez mil pesos por una violación a la ley es mucho dinero, solo hay que informarle que el 59% del presupuesto de todos los hospitales traumatológicos se consume en atender a pacientes con fracturas y heridas causadas en accidentes de tránsito.

El monto de una multa entre diez mil a cien mil pesos se corresponde con un drama de desorden y muerte, cuya causa principal es la inobservancia de la Ley de Tránsito, que ha convertido a las calles, avenidas, carreteras y autopistas dominicanas entre las más peligrosas del mundo.