Por la forma estrambótica con la que sectores y actores abordan temas de trascendencia económica, política o social, no sería exagerado presumir que aquí se vive en una República de lo absurdo, donde escasea la racionalidad y abunda la incoherencia.

El mejor ejemplo de esa extravagancia y temeridad en el debate sobre temas esenciales para la nación, lo representa la discusión en torno a la propuesta de un pacto eléctrico entre Gobierno y representantes de empresas de generación, distribución de electricidad, así como de entidades empresariales y sociales.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, anunció que se ha arribado a un consenso suficiente como para poner en vigencia esa propuesta de acuerdo, que ha sido objetada por la Asociación de Industriales de Herrera y por voceros de empresas generadoras.

Al final de este año entraría en operación el complejo de generación eléctrica de Punta Catalina que produciría unos 720 megavatios, lo que representaría el 35% de la demanda actual, además de suponer que impactaría en la reducción de la tarifa eléctrica.

Quienes objetan la puesta en vigencia de ese pacto advierten que, por el contrario, se incrementaría el costo del servicio eléctrico para la ciudadanía y sector productivo y acusan al Gobierno de no traspasar a los usuarios la baja en los costos del petróleo de los últimos tres años.

Ahora resulta que, conforme al criterio de esos sectores relacionados con la generación de electricidad, la tarifa eléctrica familiar y empresarial aumentaría en vez de bajar, si se aplica el mentado pacto eléctrico, lo que quiere decir que casi dos años de discusión en torno a la cuadratura del círculo no han servido para nada.

Sin mencionar que durante más de una década el Gobierno ha transferido al sector de generación eléctrica más de trece mil millones de dólares para amortiguar déficits, ahora se dice que la solución posible agrava la situación en vez de aliviarla.

Conforme a esos criterios que objetan el pacto eléctrico, la crisis de generación, precio y distribución de electricidad se hubiese resuelto con solo traspasar al usuario o consumidor las bajas en los precios de combustibles de los últimos tres años. Así no se puede.