¡Ver para creer! De no ser así no se creería que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, tuviera que intervenir para que las denunciantes de violencia de género no fueran las portadoras de las citaciones de los fiscales a los acusados de las agresiones.

Esa inconcebible práctica provocaba que muchas mujeres no se querellaran contra sus agresores o simplemente que por temor no les entregaran las citaciones ordenadas por los ministeriales.

El sentido común debió hacer pensar a los fiscales que las órdenes judiciales enviadas con las denunciantes de violencia de género no podían llegar a su destino.

Por ese censurable procedimiento muchas mujeres han sido muertas o golpeadas por sus parejas o exparejas, a pesar de haberse emitido órdenes de alejamiento que no se entregaban. Por tardía no deja de ser atinada la decisión del procurador general de la República de corregir una anomalía que solo se explica por la dejadez y la falta hasta de sentido común.