La Junta Central Electoral (JCE) aprobó realizar una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), lo que fue definido por el expresidente Leonel Fernández como “magnífico” y “muy bueno”, pero bajo condiciones.

Falta ahora que la JCE acoja el pedido del ex mandatario de que en la realización de esa auditoría estén observadores de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos, lo que ayudaría a despejar nebulosas en torno al uso de esos equipos y a los resultados de las primarias.

Sin negar la pertinencia de esa auditoría, sería también de gran valor realizar una auditoría social, a los fines de valorar la calidad o degradación del comportamiento ciudadano y de propios actores políticos en lo relativo al ejercicio de los derechos a elegir y ser elegible.

Es posible que la auditoría sobre el desempeño de equipos para identificación de electores, aparatos de votación automatizada, impresoras técnicas, lectores, códigos de barra, inversores, máquinas de transmisión de datos, teléfonos y USB ayude a concluir un proceso electoral cuestionado por el sector del PLD que encabeza el expresidente Fernández.

El mayor reto que enfrenta la democracia dominicana es el de afrontar y reducir unas crecientes inconductas o modalidades socialmente cuestionables y penalmente condenables en que incurren actores políticos y propios ciudadanos en los procesos electorales, entre las que sobresale la compra y venta de votos.

Las elecciones congresuales y municipales previstas para febrero ni las presidenciales a celebrarse en mayo, estarían exentas de la contaminación de esas rémoras delictuosas ni aun con el uso de la más sofisticada tecnología, a menos que el propio liderazgo político renuncie a comprar votos y la ciudadanía a venderlos.

No se habla solo de la intención fraudulenta en que incurren candidatos en la mayoría de los litorales partidarios al ofertar dinero por votar o no votar, sino que cada vez es mayor el número de electores que pone precio en metálico al ejercicio de un derecho sagrado y digno.

Es por eso que se sugiere que en adición a las experticias forenses a equipos electrónicos o al uso de tecnología de última generación en los procesos electorales, se requiere realizar una profunda auditoría social, cuyos fatídicos resultados seguramente aconsejarían asear con agua y jabón a casi toda la sociedad.