La Junta Central Electoral (JCE) ordenó la suspensión de todas las actividades proselitistas ante lo que definió como transgresión al orden público por parte de partidos políticos que han realizado actos que se convierten en “manifestaciones notoriamente multitudinarias”.

El periodo de precampaña se inicia el 7 de julio, pero desde hace tiempo partidos y precandidatos realizan mítines, caravanas y encuentros masivos en violación a la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, por lo que el pleno de la JCE emitió la resolución 10-2019 que prohíbe todo tipo de proselitismo.

Lo que la ley permite en este periodo son reuniones a lo interno de los locales de las organizaciones o en salones cerrados y áreas restringidas donde no se entorpezca el libre tránsito y el normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas.

Partidos y candidatos también han violado la prohibición de colocar mensajes políticos en los medios radiales y televisivos, así como la colocación de vallas promocionales en la vía pública, por lo que el desborde de la temprana campaña electoral ofrece ya la impresión de que las elecciones estarían al doblar de la esquina.

Aun frente al temor de que Gobierno y partidos no respeten su contenido ni alcance, se resalta el valor de la resolución de la JCE, porque intenta frenar la posibilidad de que el desenfreno electoral se traduzca en anarquía y desorden.

El pleno del tribunal de elecciones se reservó el derecho de accionar ante las instancias competentes frente a cualquier incumplimiento a la decisión de prohibir todo tipo de proselitismo hasta el 7 de julio.

Se sabe que la JCE no dispone de tanques de guerra ni de aviones de combate para impedir que los partidos incumplan con la ley, pero la ciudadanía debería rechazar tajantemente cualquier expresión de desobediencia, venga de donde venga.

A lo que se aspira es a que la resolución que prohíbe el temprano y desbordante proselitismo electoral sea el comienzo de una férrea voluntad del pleno de la JCE para garantizar estricto orden y cumplimiento de todos los plazos previstos en la ley para la campaña electoral, realización de primarias, inscripción de candidatos y celebración de elecciones libres, transparentes y concurridas.