Un juez ordenó a la Dirección de Prisiones permitir al recluso Luis Alvarez Renta, asistir al médico para recibir tratamiento post quirúrgico en el Instituto Bariatico, como lo dispuso el juez de la ejecución de la Pena de San Cristóbal.

El magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, sostiene en su decisión que Alvarez Renta tiene derecho a una vida digna en el recinto carcelario, con derecho a la salud y a la integridad personal.

El juez ordenó a la Dirección de Prisiones y el alcalde de la cárcel de Najayo, cumplir con la decisión del Juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal que autorizó la salida del recinto carcelario de Alvarez Renta, los días 31 de marzo, 14 y 28 de abril al consultorio de la doctora Cathrine Sheraldi de Núñez.

Alvarez Renta había sido autorizado por el juez de la Ejecución de la Pena acudir al médico pero el director de Prisiones, general retirado Manuel de Jesús Pérez Sánchez, se opuso, por lo que interpuso un recurso de amparo a través de sus abogados licenciados Joaquín Zapata y Erick Raful Pérez, siendo favorecido mediante la sentencia de amparo, número 59-2010.

El licenciado Carlos Manuel Guerrero, representante en el tribunal de la Dirección de Prisiones sostiene que no violentó los derechos de Luis Alvarez Renta, que lo que se dispuso fue la suspensión de las citas que necesitarían confirmación y que si él debe someterse a chequeo no tienen ninguna objeción.

Las salidas médicas fueron autorizadas mediante oficios números 033-2010 y 116-2010 del 28 de enero y 1ro de marzo, del Juez de la Ejecución de la Pena.

El 15 de marzo, la Dirección de Prisiones desacató las órdenes sin ningún tipo de explicaciones ni justificaciones, impidiendo que Alvarez Renta fuera trasladado a las citas médicas concertadas previamente, violentando así sus derechos fundamentales, precisa la decisión del Juez.

En su sentencia, el magistrado considera que la Dirección de Prisiones violentó los derechos fundamentales en lo que respecta al derecho a la vida, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal.

Condena

El asesor financiero del desaparecido Banco Intercontinental (Banínter), fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos en el quebrado banco.