La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana pidió la suspensión provisional de la norma 13-2011 que obliga a retener el 1 por ciento de los depósitos a plazo fijo debido a que provocaría un caos y una estampida financiera.
La petición fue hecha este viernes ante el Tribunal Superior Administrativo, durante el conocimiento de un recurso de amparo interpuesto por los abogados Eduardo Jorge Prats, Ovalís Marmolejos y Edgar Barnichta Geara, entre otros.
Dicen los banqueros que la retención del 1 por ciento a los intereses generados por los depósitos a plazo fijo causaría daños y perjuicios a las personas físicas y jurídicas que tienen depósitos en las instituciones bancarias.
Precisan, además, que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no está facultada para crear nuevos arbitrios, asegurando que esta es una responsabilidad del Congreso Nacional.
Los abogados sostienen que si el Tribunal Superior Administrativo no ordena la suspensión de la mencionada norma, esta estaría entrando en vigencia mañana primero de octubre, sin que la DGII tenga un ordenamiento para el cabal cumplimiento de la misma.
Indican que la Dirección General de Impuestos Internos no ha explicado quienes están exentos del cobro del ese impuesto.
El recurso de amparo era ventilado esta mañana por los jueces del Tribunal Superior Administrativo, Sara Henríquez, presidenta, Federico Hernández y Danilo Caraballo.
Los bancos sostienen que la norma 13-2011 es jurídica y materialmente imposible de aplicar.
Indican que esta viola la Ley Monetaria y Financiera, la Constitución de la República y el secreto bancario.
El recurso de amparo y la solicitud de suspensión fueron interpuestos, además de la Asociación de Bancos de la República Dominicana por la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito.
Las entidades habían elevado un recurso cautelar ante el tribunal en busca de que la norma sea suspendida, pues entienden que esta implica un trauma en el manejo de las operaciones cotidianas de más de 22 mil cuentas.
El documento presentado al tribunal sostiene que si la norma no es suspendida este viernes las entidades financieras quedarían en falta, debido al poco tiempo para diseñar un parámetro que permita retener el 1% de los intereses automáticamente.
Tampoco estaría vigente un módulo para la retención de cancelaciones anticipadas.
